Es miércoles 21 de septiembre. En El Ágora de la Facultad de Filosofía y Letras de la ­Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) unas 200 personas se reúnen para conversar con doña Blanca y doña Carmelita, mamás de dos de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Un grupo de jóvenes, la mayoría mujeres, han pintado una manta para recibirlas. “Alto a las narrativas del Estado. Queremos la verdad”, dice. Un normalista encapuchado y una tortuga acompañan la consigna.

Doña Blanca y doña Carmelita cuentan a estudiantes, trabajadores y profesores de su lucha y del estado actual del caso. A ratos llegan las lágrimas a los ojos de estas dos mamás que durante ocho años no han parado de buscar a sus hijos por todos los medios y con todas sus fuerzas. Entre quienes escuchan también hay lágrimas, abrazos, rabia. La ausencia duele como desde el primer día. Luego el micrófono se abre para preguntas y comentarios. Una joven, tímida, comienza su relato. Ella estaba en la secundaria en 2014. Su edad no le impidió asistir, junto con su prima, a las movilizaciones para exigir la presentación con vida de los muchachos. La desgracia que recorre el país también llegó a su familia: su prima, su compañera de marchas, fue víctima de feminicidio. También con lágrimas en los ojos dice: “Luchar por los 43 es también una forma de recordar a mi prima”. Eso sucede en el México de abajo, donde los dolores se encuentran, se escuchan, se abrazan. Donde la solidaridad es real, y no una mercancía que después se cobrará con votos, con favores, con curules.

La incansable lucha de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos, así como el acompañamiento de normalistas de todo el país, no ha cesado durante ocho años. Mes con mes, durante 96 meses, se han movilizado, apelando a la memoria y a la exigencia de búsqueda, de verdad y de justicia. Se puede diferir de los métodos de movilización, pero no es posible negar –y mucho menos estigmatizar o criminalizar– que esas protestas y las consignas de “Fue el Estado”, “Fue el Ejército” y “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, sintetizan mucho del malestar social del país. También hay que destacar el trabajo de organizaciones de derechos humanos, de abogados, de personas y organizaciones solidarias, de periodistas, de artistas y de toda una potente y amorosa red que pone al centro a las familias y sus exigencias.

Del otro lado, en las renovadas cúpulas del poder, el octavo aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas ha sido convertido en un escenario para la intriga y el golpeteo. Destaca el protagonismo, a quienes se les ha comprobado ya su participación en la desaparición forzada de los normalistas, pero también se les investiga por sus ­vínculos con el crimen organizado. Sueltan “manotazos en la mesa” y muestran que defenderán su impunidad incluso desobedeciendo a quien haga falta, hecho que ya sucede con su negativa de entregar todos los documentos solicitados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). En la prensa y en los juzgados también muestran sus redes de influencia, desempolvando a sus agentes mediáticos, o poniendo en primera línea a abogados que estaban cercanos al Poder Ejecutivo.

A las escaramuzas también se suman la Fiscalía General de la República y su titular, que operaron para desmantelar y empujar a la renuncia a aquellas personas que por su buen desempeño habían ganado la confianza de las familias de Ayotzinapa, sus abogados y las organizaciones que las acompañan. Para enredar más el escenario, los grupos de poder aprovechan las circunstancias para renovar sus ataques. No han dejado de golpear durante cuatro años y hoy encuentran nuevos motivos para hacerlo. Ayotzinapa fue un crimen de Estado.

El panorama nacional es peligroso; más, si sumamos los efectos de la expansión de las corporaciones criminales y la violencia que traen consigo. En tal escenario, quienes se encuentran más expuestos son los pueblos, organizaciones y personas que resisten, personas defensoras del territorio, de los derechos humanos, periodistas. A río revuelto, ganancia de pescadores, dice el refrán.

La lucha por la verdad, la justicia y la memoria para los 43 desaparecidos de Ayotzinapa es también la lucha por las más de 100 mil personas desaparecidas. Ayotzinapa es parte de la lucha por la vida y contra la guerra, una lucha que, junto a la defensa de los territorios, es también la disputa por el país.

*Sociólogo

Twitter: @RaulRomero_mx