El octavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa llega en medio de nuevas acusaciones y detenciones de altos funcionarios y militares implicados en el caso, pero falta ver si se pueden sostener, al tiempo que persiste la “desconfianza” en instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR) para avanzar en las investigaciones, aseveró Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Subrayó que en el caudal de información que se ha generado desde la presentación del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj), la evaluación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) puede dar luz sobre si hay avances o no.
No obstante, reconoció que el documento de la Covaj ha sido recibido por los familiares “como una contribución para acceder a la verdad en la medida en que nombran las cosas como fueron, apunta responsabilidades en los tres niveles de gobierno y es un informe de Estado, es decir, es el propio Estado reconociendo lo que pasó”.
Aguirre sostuvo que si bien el ex procurador general Jesús Murillo Karam ha sido vinculado a proceso por su responsabilidad en el caso, en tanto que el coronel José Rodríguez Pérez, quien era comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala, está detenido por delincuencia organizada, y hay otros tres elementos acusados por desaparición forzada, “las familias están terminando de analizar la solidez de las acusaciones y cómo las ha presentado la PGR, hoy FGR, porque en el pasado ya han experimentado lo que implica que se presenten grandes anuncios de órdenes de aprehensión o detenciones y que después no se sostengan en el tiempo”.
Desplazan a la Ueilca
En este sentido, dijo que hay preocupación entre los familiares porque en este último tramo de trabajos, la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (Ueilca) de la fiscalía, a cargo de Omar Gómez Trejo, no ha tenido un papel primordial.
“Lo que pudimos constatar directamente cuando fue la audiencia del ex procurador, fue que el equipo que había venido trabajando en el caso no estuvo a cargo de las responsabilidades principales, (fue) como si hubiese sido desplazado”, mencionó el director del Centro Prodh, una de las organizaciones que representa jurídicamente a los familiares de las víctimas.
“Los padres y las madres han sido muy claros en señalar que ellos confían en la unidad especial, no en la institución, porque en ésta siguen personas vinculadas a la defensa de la verdad histórica, y porque no son ciegos y han visto cómo en estos cuatro años una y otra vez este fiscal general (Alejandro Gertz Manero) ha estado inmerso en controversia sobre presuntos conflictos de interés y de manipulación política de la justicia”, expuso. Por ello, dijo, “aumenta su desconfianza de lo que puede estar ocurriendo ahí”.
Ante este panorama y las conclusiones de la Comisión de la Verdad, en las que se reconoce que el ataque contra los normalistas fue un crimen de Estado con un encubrimiento al más alto nivel, Aguirre consideró que es necesario “que una instancia externa (como el GIEI) haga el papel de fiel de la balanza y nos ayude a entender a las familias, a las organizaciones y a los mexicanos, si estamos en efecto ante un avance sustantivo o no”.
En el contexto de la marcha que se llevará a cabo hoy, destacó que la desaparición de los 43 estudiantes también debe servir “para nombrar y voltear a ver” la crisis de desaparecidos en el país. “Son más de 100 mil personas, 30 mil en lo que va de esta administración”.
