Familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 obtuvieron de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el compromiso de que el Poder Judicial de la Federación (PJF) se reintegrará a las mesas de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, además de que analizará acumular todos los procesos legales contra los presuntos responsables, en busca de evitar más fallos contradictorios y dilaciones.

Luego de acudir al máximo tribunal en busca de ser escuchados por los ministros, Vidulfo Rosales, abogado de los padres de las víctimas, señaló que de los casi 90 detenidos por su probable participación en estos hechos, ninguno ha recibido sentencia definitiva y sus procesos siguen abiertos en juzgados y tribunales, donde se han emitido decisiones y criterios diferentes y hasta contradictorios.

“En las reuniones realizadas en la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, ellos han expresado que una de las instituciones que está poniendo obstáculos para avanzar es el PJF, se han dictado resoluciones adversas al caso y tienen en libertad a varios responsables, además de que en otros casos dictaron autos de vinculación o de formal prisión; es decir, hay una serie de fallos y criterios encontrados emitidos por el Poder Judicial”, afirmó.

Se requiere una política unificada del Estado

Por ello, sostuvo, se requiere una política unificada de todas las instancias del Estado mexicano respecto al caso Ayotzinapa, pues de lo contrario los responsables seguirán impunes. “Este es un asunto que incumbe a todo el Estado mexicano, pero el caso se encuentra en fase de medidas cautelares en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya ha hecho los llamamientos necesarios para que todas las instituciones lo aborden de manera integral”, subrayó.