Cuando Adriana Wong ingresó a un campo de tierra roja y árboles cortados con docenas de cruces plantadas en la Amazonia de Perú, estaba confundida. No tenía la seguridad sobre la ubicación de la tumba de su padre.

“¿Estás segura de que mi papá está ahí?”, preguntó la niña de nueve años a su madre. Glendy Hernández aún no tiene una respuesta.

Hace casi un año, su esposo Herman Wong y centenares de fallecidos por Covid-19 fueron enterrados en secreto en un descampado de Iquitos, capital de la región Loreto, en el corazón de la Amazonia. Las autoridades aprobaron las inhumaciones, pero nunca avisaron a los familiares, quienes creían que los muertos estaban en un cementerio local.

Es el primer caso conocido en Latinoamérica donde las autoridades ocultan el destino de decenas de víctimas del virus y nadie ha explicado por qué se realizaron de forma clandestina. El gobierno regional no respondió a las solicitudes de comentarios.

Hernández esperó por horas en vano con un ataúd hasta que un trabajador sanitario le dijo que Herman Wong ya había sido enterrado en el cementerio San Juan. Cientos de deudos escucharon lo mismo: que sus muertos estaban en ese lugar, que cuenta con capilla, estacionamiento, muros y vigilancia.

En marzo de 2020 el gobierno nacional ordenó cremar a todos los fallecidos por el virus, en una de las más estrictas normas de su tipo en Latinoamérica. Pero ante el colapso de varios hornos crematorios la norma se modificó en abril, lo que permitió entierros y que al menos cinco familiares pudieran asistir.

Pero el 1º de junio la portada del diario La Región removió Iquitos: “Muertos sin nombre y sin tumba propia”. La historia citaba a un anónimo residente que dijo que al menos 330 cadáveres de fallecidos por Covid-19 habían sido enterrados presuntamente en una fosa común cerca del cementerio de San Juan.

Tras la publicación, medio millar de familiares, como Hernández, llegaron hasta el descampado donde supuestamente estaban enterrados sus esposos, esposas, hermanos, hermanas e hijos. El lugar estaba encharcado por la lluvia, pese a eso protestaron por no saber dónde estaban los cadáveres.

“Nos dimos cuenta de que nos habían mentido”, dijo Glendy, la mamá de Adriana. “Les da vergüenza que se conozca el desastre, el desorden, la falta de humanidad con que han enterrado a nuestros seres queridos”, dijo Patricia Cárdenas, cuyo abuelo Antenor Mozombite, de 80 años, también fue sepultado sin permiso de su familia.

El gobierno sigue en silencio, pero los deudos aún acuden al descampado.

Ap