Ante las amenazas y violencias que ha sufrido Pascuala López López y su familia por parte de un grupo armado, en el barrio de Santa Cruz, ejido Cuxtitalli el Pinar, en Chiapas, debido a su activismo para defender a esta comunidad indígena y por sus demandas de justicia por el asesinato de su hijo en 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares con el fin de que el Estado mexicano realice las acciones necesarias para garantizar la vida e integridad de los beneficiarios.

En su resolución indicó que si bien el Estado informó sobre las acciones de protección que ha realizado en favor de Pascuala López y su familia, así como de toda la población de la zona, y expresó su mejor disposición para generar las medidas necesarias para canalizar el caso ante las instituciones competentes, persiste una situación de riesgo grave para los derechos a la vida e integridad personal de los afectados.

En consecuencia, la CIDH también le pidió que adopte acciones para garantizar la seguridad de las víctimas y prevenir actos de amenazas, intimidación y violencia en su contra, considerando los enfoques diferenciados en función de su género y pertinencia cultural. Igualmente que informe sobre las acciones realizadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de este pronunciamiento y así evitar su repetición.

En el documento, la comisión expuso que la solicitud de medidas cautelares fue interpuesta por la Red Nacional de Organismo Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos y refirió que desde hace más de cinco años un grupo armado denominado Sentimientos de la Nación llegó al ejido, lo cual ocasionó que se intensificara la violencia. El hijo de Pascuala López fue asesinado el 3 de febrero de 2020 luego de que se negara a unirse a ellos.

Asimismo, señaló que el pasado 8 de abril, Pascuala sufrió una tentativa de homicidio y las agresiones en su contra han continuado aun cuando en octubre de ese mismo año, la Fiscalía General de Chiapas detuvo y vinculó a proceso al presunto líder de Los Motonetos y responsable del asesinato del hijo de la afectada.