pesar de la diferencia de edades y de las ciudades de origen, sus recuerdos concuerdan. Ambos son guerrerenses y luchadores sociales. El profesor Vicente Estrada Vega, estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa y compañero en distintos momentos de Lucio Cabañas, nació en Taxco, Guerrero, y creció en Tixtla. Su padre fue minero. Tiene 87 años. El antropólogo Abel Barrera, defensor de derechos humanos, vio la luz en Tlapa, hace 62 años. Su familia se dedicaba al comercio. Forma parte de la Comisión de la Verdad.

Vicente cuenta: “Conozco desde niño la tonada de los soldados que protegen al estado. Viví mi niñez en Tixtla y ahí jalaban a los indios de por Atliaca. Vi cómo los agarraban, los maltrataban, losamarraban con un palo atravesado ylos arrastraban; cómo los colgaban y los fusilaban.

“Fui a Los Piloncillos, que es un caso histórico. Está a 60 kilómetros sobre caminos muy adentro de la Sierra. La gente se había ido al campo. Ya no estaban los hombres que trabajan. Ahí llegó el Ejército. Fue como a las 9 de la mañana. Engañó a la gente. Gritaron “¡Viva el Che Guevara!”. En realidad iban a matarlos. Agarraron a los que pudieron, como a siete gentes y los asesinaron ahí en la cancha.

El pueblo agarró y se fue a la comandancia a preguntarles a los militares: ¿por qué? El general, o lo que haya sido, pretextó: nosotros no fuimos. Nunca mandamos tropa. Los campesinos le respondieron: “¡Cómo no! Nosotros vimos que eran los guachos los que mataron a nuestros compañeros”.

“Supe cómo agarraban y les decían a los campesinos: ‘súbete a la palmera y corta cocos’. Y ya arriba, los cazaban, los mataban. Es muy triste.”

Corría la década de 1970. Abel rememora sus tiempos de seminarista. Vio cómo la policía judicial y el Ejército bajaban de la Montaña a indígenas amarrados como si fueran animales. Los traían caminando, salvajemente golpeados, con la ropa raída y los pies desnudos y ensangrentados.

Los uniformados, que se ostentaban como la ley y el orden, con pistola al cinto, los acusaban de haber matado, robado o violado. Los llevaban hasta la comandancia, en pleno zócalo, y después de torturarlos, los dejaban atados en la calle para el escarnio público. No era un hecho casual. Sucedió una y otra vez. Algunos de los detenidos ni siquiera llegaban hasta la ciudad. Simple y sencillamente los colgaban en el camino.

Desde que en 1994 se formó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel ha escuchado, literalmente, cientos de abusos de policías y soldados en toda la geografía guerrerense, contra indígenas, campesinos, maestros, ecologistas y mujeres. Los informes que documentan esas gravísimas violaciones suman miles de páginas.

Zacarías Osorio Cruz es un ex militar mexicano asilado en Canadá. Fue parte del Cuerpo de Paracaidistas del Ejército. Especialista en tiro, recibió, en varias ocasiones, una instrucción tajante por parte de sus superiores: desaparecer a campesinos y luchadores sociales guerrerenses.

Recibía ciertas órdenes y me elegían porque mi especialidad era disparar. La orden era que tenía que desaparecer a esta gente, que tenían que morir porque le traían problemas al alto mando, declaró bajo juramento al solicitar refugio político en aquel país.

Zacarías realizó su primera operación en Atoyac, Guerrero. Los desaparecidos fueron, según él, quienes encabezaban a ciertos grupos que querían manifestar su descontento con el gobierno. Estos eran los que eran arrestados y puestos en nuestras manos.

Los operativos en los que Osorio Cruz participó no fueron obra de un escuadrón de la muerte que actuara al margen de las fuerzas armadas. Fueron acciones de guerra en forma, realizadas por militares en servicio, en cumplimiento de órdenes oficiales.

Una de las piezas más dramáticas del rompecabezas de esta guerra contrainsurgente fueron los vuelos de la muerte, en los que soldados y miembros de la aviación arrojaron al océano Pacífico a opositores y presuntos guerrilleros. Años después del testimonio de Osorio, la Comisión de la Verdad (Comverdad) formada por el Congreso de Guerrero, recuperó de evidencias de estas barbaridades.

Entre las evidencias que la comisión obtuvo hay tres relatos, dos de sobrevivientes y uno más de un piloto de la Fuerza Aérea Mexicana, que arrojan luz sobre las tinieblas de estos sobrevuelos. Metían a las víctimas en sacos de ixtle llenos de piedras. Algunos iban aún vivos. Los aviones descendían para tirar los cuerpos mar adentro. En las comunidades costeras empezaron a aparecer restos humanos.

La comisión encontró también un reporte “en el que se señala que, cuando empezaron aparecer cuerpos mutilados, quemados, torturados, se especulaba en la sociedad si pertenecerían al hampa y serían venganzas. Sin embargo, el mismo informe dice que discretamente se llegó a conocer que eran personas relacionadas con Lucio Cabañas. La lista de las atrocidades perpetradas por los militares es interminable.

En la ceremonia de instalación de la Comisión para el Acceso de la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990, el general secretario Luis Crescencio Sandoval anunció que se autorizó a inscribir los nombres de militares fallecidos con motivos de los hechos del pasado en el Monumento a los Caídos de las Fuerzas Armadas. La indignación entre los familiares de las víctimas explotó.

“Me quiero equivocar –dice Vicente Estrada cargando sobre sus hombros una larga lista de agravios de militares–, pero este gobierno no va a resolver el asunto de los desaparecidos. Conozco al Ejército. Para que cambien, debe empezar por hacerse una autocrítica profunda de qué es lo que han hecho mal ante el pueblo. Pero hasta ahora no se les ha visto el interés. Nosotros vamos a seguir con el mismo problema”. Más claro, ni el agua. Las heridas siguen abiertas.

Twitter: @lhan55