uienes gobiernan de facto en Bolivia enviaron ayer a España una enérgica protesta por el incidente ocurrido el viernes pasado en la residencia oficial de nuestro país en La Paz, donde vecinos y efectivos policiales del país sudamericano hostigaron a la encargada de negocios y al cónsul de España, Cristina Borreguero y Álvaro Fernández, así como a sus escoltas. Según el régimen golpista, los diplomáticos españoles habrían llegado acompañados de hombres encapuchados y armados, a sabiendas de que se trataba de sus guardias.

Más aún, funcionarios bolivianos aseguraron que los representantes peninsulares habían llegado a la sede mexicana con el propósito de llevarse furtivamente de allí a Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia del depuesto Evo Morales, quien se encuentra bajo la protección de México y al que el régimen de facto acusa de terrorismo y de narcotráfico. Para colmo, el régimen que formalmente encabeza Jeanine Áñez exigió la salida del país de los españoles involucrados en el asunto.

Los hechos son mucho menos truculentos: los representantes de Madrid acudieron a una visita de cortesía con la embajadora María Teresa Mercado y mientras sus escoltas –pertenecientes al Grupo Especial de Operaciones de la policía española– los esperaban afuera, vecinos partidarios de las autoridades, respaldados por policías locales, los acosaron y pretendieron videograbarlos, por lo que los guardaespaldas se cubrieron el rostro y optaron por retirarse para evitar las provocaciones. Cuando intentaron volver, con el fin de recoger a Borreguero y a Fernández, una pequeña turba les impidió el paso y zarandeó sus vehículos. A la postre, la encargada de la embajada de España comunicó la situación a la encargada de las relaciones exteriores de Bolivia, Karen Longaric, quien, al cabo de más de una hora, envió un automóvil para que los diplomáticos españoles pudieran abandonar el lugar. Posteriormente, la cancillería de Madrid señaló de manera inequívoca que la visita de Borreguero y Fernández a la residencia oficial mexicana era exclusivamente de cortesía y niega rotundamente que pudiera tener como objeto facilitar la salida de las personas que se encuentran asiladas allí.

El incidente muestra hasta qué punto está resuelto a llegar el régimen de facto con tal de inventar enemigos externos, en el afán de atizar un patrioterismo que les permita ampliar su exigua base social. Sólo de esa manera puede explicarse la gratuidad de la hostilidad y la incontinencia de los golpistas para con México y ahora, para con España. Tal empecinamiento no sólo denota la carencia de oficio, sino también de sentido común, porque, habida cuenta de su falta de legitimidad internacional, lo que menos necesitan los gobernantes bolivianos es un pleito con el gobierno español. Cabe preguntarse en qué momento iniciará el golpismo la fabricación de una crisis bilateral con Argentina, cuyo presidente, Alberto Fernández, otorgó asilo al derrocado Evo Morales.

Lo cierto es que se trata de un juego insensato y peligroso porque busca envenenar a la población boliviana con fobias absurdas y animadversiones sin sentido en contra de diversos países y ciudadanos extranjeros, y cuando se alimentan chovinismos de esa clase las consecuencias pueden ser nefastas y duraderas. Cabe esperar que la opinión pública de la infortunada nación hermana sepa mantenerse inmune a esa campaña de odio y opte por preservar vínculos que deben seguir caracterizándose por la fraternidad y la cooperación.