Durante la gestión de Genaro García Luna al frente de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, el cártel de Sinaloa convirtió el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en uno de sus principales centros de recepción de cocaína procedente de Colombia y Perú, y zona de embarque hacia el norte de México bajo el mando de Jesús Reynaldo Zambada García, El Rey, uno de los testigos colaboradores del gobierno de Estados Unidos cuyas declaraciones sirvieron para condenar a cadena perpetua a Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, en su cuenta de Twitter señaló que la aprehensión de García Luna refleja por sí sola el desastre que han heredado en esa materia: “Hay quienes volteaban con aguerrida nostalgia hacia la ‘estrategia’ de seguridad del pasado; la detención de hoy (el martes) la ha reducido a la trágica protección oficial del gobierno de Calderón al cártel de Sinaloa”.

Funcionarios federales explicaron que en la indagatoria estadunidense contra García Luna se ha considerado la posibilidad de acreditar los señalamientos que en su momento realizaron integrantes del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, como Édgar Váldez Villarreal, La Barbie, y las menciones que se hicieron respecto de los asesinatos de Igor Labastida Calderón y Édgar Usebio Millán Gómez, cuyos homicidios supuestamente se cometieron porque los mandos de la AFI y luego de la SSP federal traicionaron los acuerdos que tenían con los Beltrán Leyva, ya que tras el rompimiento de éstos con El Chapo Guzmán autoridades federales apoyaron que El Rey Zambada tomara el control del AICM.

Lo anterior, luego de que Sergio Villarreal Barragán, El Grande, uno de los principales operadores de los Beltrán Leyva, se convirtió en testigo protegido con el nombre clave de Mateo, fue extraditado a Estados Unidos en 2012 y durante su encarcelamiento en México ofreció revelar la estrucura de complicidades del gobierno mexicano que favorecían a diversas organizaciones delictivas, y supuestamente desde 2012 negoció con la agencia antidrogas de ese país ser parte del programa de testigos colaboradores.

Fuentes federales indicaron que el narcotraficante colombiano Óscar El Conejo Poveda también forma parte de los testigos protegidos de la actual Fiscalía General de la República y luego de ser afectado por integrantes de la Policía Federal durante la gestión de García Luna ofreció información de las redes de corrupción en las corporaciones mexicanas que podrían servir para indagar a colaboradores del titular de la SSP en la gestión de Felipe Calderón.

En mayo de 2008, Édgar Millán, uno de los hombres más cercanos a García Luna, quien se desempeñaba como coordinador general de Seguridad Regional y Proximidad Social de la PF, horas antes de ser asesinado había encabezado un operativo contra integrantes del cártel de los Beltrán Leyva (ya habían roto su sociedad con Joaquín El Chapo Guzmán), y se había capturado a nueve presuntos sicarios en Xoxocotla, Morelos.

Los homicidas esperaron durante horas al mando policial en el estacionamiento del condominio ubicado en la calle Camelia 132, colonia Guerrero de la ciudad de México, y cuando iba a descansar sus asesinos le dispararon.

A finales de junio de 2008, en la colonia Argentina, en la Ciudad de México, fue asesinado Igor Labastida, jefe de despliegue regional de la PF, otro de los hombres cercanos a García Luna, presuntamente por una venganza perpetrada por integrantes de la organización Beltrán Leyva debido a que brindaba protección al cártel de Sinaloa; la indagatoria quedó en poder de la extinta Procuraduría General de la República.