Xalapa, Ver., El gobernador Cuitláhuac García Jiménez aprovechó la masacre de 13 personas en Minatitlán para sacar raja política contra la Fiscalía General del Estado (FGE), que dirige Jorge Winckler Ortiz, con quien sostiene disputa política desde su arribo al poder.

No habrá impunidad a pesar de las eternas investigaciones de la FGE. Seguiremos con más detenciones, dijo el mandatario veracruzano pasando la responsabilidad de la inseguridad a Winckler Ortiz.

El gobernante fue secundado por el secretario de Gobierno, Éric Patrocinio Cisneros, quien escribió: “En el @GobiernoVer no vamos a parar hasta encontrar a los responsables, a pesar de que la @FGE_Veracruz ni investiga ni resuelve. No habrá impunidad”.

La última vez que García Jimenez y Éric Cisneros arremetieron contra el fiscal fue el 30 de marzo, cuando asesinaron al activista Abirám Hernández Fernández. Antes lo hicieron cuando mataron a Valeria Cruz Medel, hija de la diputada federal de Morena, Carmen Medel.

Por su parte, el fiscal general del estado, Jorge Winckler Ortiz –quien nunca dio informe de la incidencia delictiva de alto impacto durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares (2016-2018)–, desde el arranque del gobierno de Cuitláhuac García, publica un reporte semanal de los delitos de alto impacto en Veracruz. Winckler Ortiz fue abogado personal de Yunes Linares y cuando éste estuvo en el poder, llegó a la Fiscalía General del Estado. Durante el mandato del panista, Winckler Ortiz se caracterizó por una intensa confrontación con familiares de personas desaparecidas, y por bloquear periodistas de sus redes sociales.

Durante la campaña electoral de 2018, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez prometió que al asumir el cargo, buscaría la destitución de Winckler Ortiz. Y en los primeros días del gobierno del morenista, se acumularon más de siete solicitudes de juicios políticos contra el fiscal. Sin embargo, cuando los juicios políticos fueron analizados en el Congreso local –la mayoría de Morena falló en el cabildeo– y no alcanzaron los votos suficientes para iniciar el juicio de procedencia contra el fiscal.