a Comisión Nacional de los Derechos Humanos es una de las creaciones salinistas en busca de aparentar que se atienden y procesan reclamos sociales mediante fórmulas institucionales. Con el abogado Jorge Carpizo McGregor (ya fallecido) como patrono, la CNDH ha sido un coto de grupos de la Universidad Nacional Autónoma de México (de la que Carpizo fue rector), en particular de su Instituto de Investigaciones Jurídicas. Los presidentes de esa comisión, y los principales puestos directivos, han sido ocupados por miembros, en distintos grados de adherencia, a esa cofradía de juristas universitarios.

Creada en junio de 1990 por decreto presidencial como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, esa comisión fue determinada en septiembre de 1999 como una institución con plena autonomía de gestión y presupuestaria, modificándose la denominación de Comisión Nacional de Derechos Humanos por la de Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Dotada siempre de un cuantioso presupuesto público, sus resultados reales han sido, en términos generales y salvo excepciones, poco eficaces: un aparato burocrático que genera, luego de largo tiempo, recomendaciones que los destinatarios pueden aceptar o no, sin mayor consecuencia jurídica: caros llamados a misa para que los oídos del poder decidan si los escuchan o no.

Ante la tragedia humanitaria que ha vivido el país, sobre todo después de la grave irresponsabilidad histórica del espurio Felipe Calderón al declarar una guerra contra el narcotráfico como coartada en busca de legitimar su fraudulenta instalación en Los Pinos, la CNDH ha ofrecido una respuesta ínfima, meramente decorativa en los estantes del poder.

Aún con esos antecedentes resulta, a juicio de esta columna jacarandosa (por tantas bellas jacarandas en las calles de una Ciudad de México ahogada en contaminación atmosférica), valiosa y atendible la propuesta o petición del actual presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez (nacido en Ciudad de México en septiembre de 1957: fue abogado general de la UNAM y, antes, uno de los fiscales especiales para el caso Colosio): que el mando de la Guardia Nacional sea civil y no militar.

No es menor ni anecdótico el punto. Aun cuando se insiste desde la máxima tribuna gubernamental en que la Guardia Nacional no significa más militarización del país, poco margen de duda deja el hecho de que para encabezar ese proyecto civil se vaya a nombrar a un militar en activo o en retiro. La historia latinoamericana y la experiencia mexicana, desde que Calderón decidió sacar a los soldados de sus cuarteles, es sumamente adversa en relación con el poder militar en funciones policiacas o de seguridad pública y el respeto a los derechos humanos.

La gravedad de la situación nacional ha hecho a López Obrador dar un giro, antes impensable, respecto al uso de las fuerzas armadas para el combate a lo que suele llamarse el crimen organizado. Luego de una reunión con los titulares de la Defensa Nacional y la Marina en la administración peñista, López Obrador, entonces presidente electo, cambió radicalmente de posición e inició un riesgoso y, por tanto, preocupante proceso de cesión de funciones y facultades a los militares, con el general Luis Cresencio Sandoval como máximo jefe uniformado, desplazando la anterior condición igualitaria con el secretario de la Marina.

El presidente de la CNDH informó a la prensa que había tenido ayer una amplia conversación con el presidente López Obrador y que en ese contexto le hizo saber la fuerte inquietud que genera la posibilidad de que un militar sea puesto a la cabeza de la Guardia Nacional. El jefe del Poder Ejecutivo fue reflexivo, pero nada dijo ni contestó en específico sobre el asunto, según la relatoría hecha por González Pérez quien, por otra parte, tal vez tuvo tiempo de conocer la postura del Presidente de la República respecto a la sucesión en la CNDH.

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