El gobierno de Andrés Manuel López Obrador iniciará con una Guardia Nacional integrada por militares, marinos y policías federales, y pondrá a debate el proceso de pacificación con las organizaciones delictivas, deponiendo las armas a cambio de la reducción de penas.

Al informar acerca de la estrategia del Plan Nacional de Paz y Seguridad, basado en ocho ejes, el próximo secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, enfatizó que con la llamada guerra contra las drogas no han podido derrotar a los cárteles.

Ante la imposibilidad de derrotar las diversas expresiones delictivas por medios exclusiva o preponderantemente policiales y militares, resulta imperativo hacer un alto para considerar y debatir la necesidad de emprender un proceso de pacificación con las organizaciones delictivas y de adoptar modelos de justicia transicional que garanticen los derechos de las víctimas, indicó.

Esto es, explicó, leyes especiales para poner fin a las confrontacio-nes armadas y posibilitar el desarme y la entrega de los infractores, garantizando sus derechos y ofreciéndoles reducciones de penas e incluso amnistías condicionadas al perdón de personas y colectividades que hayan sido afectadas, y proponiéndoles un cambio de vida.

Durazo argumentó que con la estrategia actual, México se ha convertido en un país de víctimas que ha dejado una enorme deuda social que debe ser saldada.

Otro de los puntos es erradicar la corrupción. Para ello se propone tipificarla como delito grave y sin derecho a fianza; prohibir las adjudicaciones directas; investigar y clausurar las empresas fantasma; establecer la obligatoriedad de las declaraciones patrimonial, fiscal y de conflictos de interés de todos los servidores públicos; eliminar el fuero de altos funcionarios y la colaboración internacional para erradicar los paraísos fiscales.

Para lograr esos cambios, señaló, otro punto es garantizar el empleo, la salud, la educación y el bienestar; por otra parte, habrá pleno respeto a los derechos humanos.

Dijo que se realizarán las modificaciones legales para tipificar como delito el no dar cumplimiento a las recomendaciones de las comisiones de Derechos Humanos, tanto la Nacional como las estatales.

Los otros puntos son la regeneración de la ética de la sociedad, reformar el combate a las drogas; la recuperación y dignificación de las cárceles, así como la seguridad pública, la seguridad nacional y la paz.

Al respecto, explicó que para la conformación de la Guardia Nacional propondrá al Poder Legislativo las modificaciones necesarias y fijó un plazo de tres años para que alcance su pleno funcionamiento.

Como comandante supremo de las fuerzas armadas, el presidente tendrá el mando directo (de la Guardia Nacional) y se incorpora a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como una fuerza adicional, con identidad propia y bajo el mando operativo de su titular, señaló.

La designación del número de elementos para cada una de las 266 regiones en que se dividirá el país se hará dependiendo del número de habitantes y de la incidencia delictiva.

La coordinación en cada región estará a cargo de una autoridad civil y el mando operativo de la Guardia Nacional será encabezado por oficiales del Ejército, y en zonas costeras, de la Armada de México.

Guardia Nacional, en tres etapas

El próximo titular de la Sedena, general Luis Cresencio Sandoval González, explicó que la Guardia Nacional contará con vehículos, uniformes, insignias y equipo que la identifiquen y propicien un acercamiento y confianza con la sociedad.

Mencionó que su conformación se hará en tres etapas. En la primera se integrarán las unidades de Policía Militar, Policía Naval y elementos de la Policía Federal. Posteriormente se sumarán miembros activos de las fuerzas armadas que así lo deseen, y en la última etapa se convocará a la juventud hasta alcanzar 50 mil efectivos.

El Plan Nacional de Paz y Seguridad menciona que se establecerán protocolos de intercambio de información y análisis entre las áreas de inteligencia policial y criminal, órganos de inteligencia sobre seguridad interior, pública y nacional, el Instituto Nacional de Migración y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Asimismo, se creará una unidad policial especializada en la investigación de lavado de dinero (guardia de finanzas) y “el gobierno reconocerá explícitamente la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y se recurrirá a esa instancia para el esclarecimiento y el castigo si llegaran a tener lugar crímenes que pudieran considerarse de lesa humanidad”.