Organizaciones civiles y de familiares de víctimas lanzaron una propuesta para formar una comisión nacional de la verdad que se encargue de documentar las violaciones de derechos humanos cometidas durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en el contexto de la llamada guerra contra el crimen organizado.

En conferencia de prensa, los promotores de la iniciativa Romper el silencio. Hacia un proceso de verdad y memoria en México llamaron a formar una comisión amplia de investigación sobre las atrocidades cometidas del primero de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2018, entre ellas las desapariciones forzadas o cometidas por particulares, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y las violaciones sexuales.

Retomando elementos de las comisiones de la verdad más exitosas en otros países, dicho mecanismo extraordinario estaría dirigido por 12 comisionados y tendría un equipo de unos 500 investigadores, que se encargarían de documentar las violaciones de derechos humanos cometidas tanto por servidores públicos como por grupos criminales.

El mandato de este grupo sería de tres años, con el objetivo de hacer un trabajo de largo aliento, pero que también dé resultados en un lapso no demasiado largo. Los primeros dos años y medio, detallaron, serían para documentar casos en todo el país, y el último medio año para la elaboración y presentación de informes y reportes.

El orden de los factores

El académico e investigador universitario Guillermo Trejo indicó que en los procesos de justicia transicional el orden de los factores sí altera el producto, por lo que primero debe indagarse sobre los delitos ocurridos en el país, para después considerar la posibilidad de una amnistía, aunque consideró que dicha figura puede tener un papel muy ambiguo.

El trabajo estaría basado en la recolección de miles de testimonios de víctimas en el país, quienes tienen la información de primera mano de lo ocurrido e incluso han investigado por cuenta propia.

Este proceso, detallaron los activistas que promueven la iniciativa, debe ir acompañado también por agrupaciones internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Comité Internacional de la Cruz Roja, y de una fiscalía independiente que siga su propia labor de investigar y sancionar a los responsables de atrocidades en el periodo ­mencionado.

Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, saludó la disposición del nuevo gobierno de abrir la senda de la justicia transicional, pero también alertó que las autoridades encargadas de ello tendrán poco margen de error.