Toluca, Méx.

Diputados locales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Nueva Alianza (Panal), Encuentro Social (PES), Movimiento Ciudadano (MC) y Verde Ecologista de México (PVEM) aprobaron en comisiones una nueva ley de seguridad social para el estado, que implica mudar del actual sistema de pensiones mixto y solidario, donde todos los servidores públicos aportan a una bolsa para pagar pensiones a jubilados, a uno de cuentas individualizadas a cargo de administradoras de fondos para el retiro (Afore), para que ahora cada burócrata financie su propia jubilación durante su vida laboral.

Sin discusión y en menos de 20 minutos, la mayoría priísta y sus aliados avalaron también las iniciativas para restructurar la deuda pública del estado y facultar a la administración estatal, encabezada por Alfredo del Mazo Maza, para emitir bonos de deuda. El miércoles estas propuestas serán puestas a consideración del pleno.

De acuerdo con la iniciativa que Del Mazo Maza envió al Congreso, la nueva ley de seguridad social, que sustituiría a la vigente (que data de 2002) busca dar viabilidad financiera al Instituto de Seguridad Social de Estado de México y Municipios (Issemym), que se encuentra ‘‘al borde del colapso’’, y garantizar las pensiones de los más de 375 mil burócratas mexiquenses.

La exposición de motivos aduce que las presiones financieras hacen inviable al Issemym, que el próximo año caerá en déficit. Actualmente paga pensiones a 59 mil 610 derechohabientes, pero en el próximo lustro la cifra se puede duplicar.

La reforma incluye la figura de la pensión garantizada, para que todo beneficiario tenga en su vejez un ingreso mínimo de aproximadamente 2 mil 786 pesos aun si no cumplió con los 25 años de cotización al fondo de retiro.

Los trabajadores con mayor antigüedad en el servicio público tendrán tres meses para decidir si continúan con el esquema actual de pensiones o prefieren una cuenta individual. También se respetará el plazo de 30 años de servicio para jubilarse a quienes hayan ingresado antes de 2002, y de 35 si fue después de ese año. Además, la edad para jubilarse por vejez pasaría de 62 a 65 años, pero sólo será necesario acreditar 25 años de cotización al Issemym.

Los diputados de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Morena votaron en contra de las tres iniciativas. Consideraron que la información que les dio la Secretaría de Finanzas estatal sobre la deuda fue insuficiente y afirmaron que el cambio al esquema de pensiones no resolverá el fondo del problema financiero por el que atraviesa el Issemym.

La sesión de comisiones para analizar, discutir y en su caso aprobar las propuestas que el mandatario priísta turnó el viernes pasado al Congreso estaba programada para las 11 de la mañana del lunes, pero se inició tres horas más tarde, pues legisladores de todos los partidos tuvieron una encerrona con funcionarios de la Secretaría de Finanzas, quienes les explicaron las supuestas bondades de las iniciativas y respondieron preguntas.

Al salir de la reunión, los legisladores ya sabían cómo votarían. Los de PRI, Panal, PES, PVEM y MC avalarían cada una de las iniciativas. Los del PAN y Morena votarían en contra, y a última hora se les sumó el PRD. El Partido del Trabajo decidió abstenerse.

La sorpresa la dio Tassio Ramírez, del PVEM, quien fue secretario particular del ex gobernador Eruviel Ávila y votó en contra de la ley de seguridad social. Dijo que no podía avalar una iniciativa que ‘‘le parte la madre’’ a los trabajadores al extender tres años la edad para jubilarse.

Los priístas le reclamaron, pues lo consideraban su aliado. ‘‘Te la mamaste. Eso no se hace’’, soltó el priísta Abel Domínguez Azuz a Ramírez, a sólo un metro de donde se encontraban los reporteros.

Tassio Ramírez recibió reclamaciones de media docena de priístas más, incluso del líder de la bancada del tricolor, Miguel Sámano, quien le llamó por teléfono para pedirle una explicación.

Ramírez votó en favor de las iniciativas de restructuración de pasivos y para facultar a Del Mazo Maza para emitir bonos bursátiles.

La restructuración de la deuda implicará una erogación de casi mil millones de pesos más, que se sumarán al saldo actual, de 43 mil 600 millones.

El gobierno mexiquense pretende extender el plazo de vencimiento de los pasivos y buscar mejores tasas para reducir el costo mensual y anual de estos empréstitos.

La expectativa es que mensualmente la administración estatal pueda liberar alrededor de 80 millones de pesos para destinarlos a otros rubros y no al pago de la deuda y sus intereses, según los legisladores.

Raymundo Guzmán, del PAN, explicó que su partido votó en contra porque la Secretaría de Finanzas no aclaró por qué en unos meses la deuda estatal pasó de 38 mil a 43 mil millones de pesos, y porque no se pusieron candados para que los recursos que obtenga el gobierno mediante la emisión de bonos se destinen únicamente a proyectos productivos o al gasto de inversión.