n abril de 2010, el pacifista Jürgen Grässlin presentó una denuncia contra la empresa alemana Heckler&Koch (H&K) por la exportación ilegal de armas a México. Ahora, ocho años más tarde, logró su objetivo. A partir del martes 15 de mayo, H&K tendrá que justificarse ante un tribunal en Stuttgart, la capital de Baden-Württemberg, donde se encuentra la fábrica de la muerte. Una empleada y cinco ex trabajadores de la empresa están acusados de haber vendido, entre 2006 y 2009, miles de fusiles de asalto G36 a cuatro estados mexicanos donde nunca hubieran podido llegar. Según cifras del cliente, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 4 mil 796 de las 9 mil 652 armas largas suministradas a México en total, llegaron directamente a Chiapas, Guerrero, Chihuahua y Jalisco. Para estos estados, las oficinas de exportación del gobierno alemán no otorgaron autorización por las tremendas violaciones a los derechos humanos en esas regiones.

Fueron ocho años de lucha contra la impunidad. Grässlin se enteró de la venta ilegal por un empleado de la empresa, el whistleblower afirmó que él mismo había formado a miembros del Ejército mexicano en Guerrero y otras entidades prohibidas. Existían muchas pruebas más que confirmaron el paradero ilegal de las G36. Sin embargo, el procurador se resistió a profundizar la investigacion. Ni preguntó la Sedena adónde envió los fusiles. Fue una investigación periodística la que reveló que casi la mitad llegó a los estados prohibidos. Cada año, periodistas y activistas mostraron con reportajes, documentales y fotos el paradero de las G36 y las letales consecuencias.

No tiene nada de extraño que la justicia de Baden-Württemberg evitara investigar contra H&K. Es una empresa que cuenta con buenos contactos en la Secretaría de Economía, los responsables de la exportación de armas. Además, un alto representante de la compañía que ahora se encuentra entre los acusados, era juez de alto rango antes de asumir su papel en H&K. Hasta hoy no se ha esclarecido el papel de las instituciones gubernamentales en esta venta ilegal.

Sin embargo, llegó el momento en el cual el procurador no podía seguir ignorando las pruebas: cuando periodistas y acompañantes de familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa detectaron que en el ataque de Iguala los policías utilizaron las armas. Más de un año y muchas publicaciones después de ese 26 de septiembre de 2014 la procuraduría acusó formalmente a la empresa ante el juez. Tardó dos años y medio más hasta que iniciara el juicio.

Hablar de impunidad nos obliga también a hacerlo sobre la responsibildad de las autoridades mexicanas. El whistleblower, que es el testigo principal del juicio, informó sobre la cooperación criminal de los representantes de H&K y de la Sedena, el general Humberto Alfonso Guillermo Aguilar. Según el acta de acusación, los dos falsificaron los documentos que muestran el paradero del arsenal ante las autoridades alemanas, así disimularon que llegaron a estados prohibidos.

El autor de este artículo cuenta con declaraciones del testigo principal que confirman que el general Aguilar consiguió de sus socios alemanes 25 dólares de mordida para cada G36 que compró. Así pues, el representante de H&K entregó el dinero en un sobre a un mensajero que lo hizo llegar al militar. Hay que destacar que Aguilar, quien ya se jubiló, tiene una larga historia en el ejército mexicano: fue jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional y comandante de la 36 zona militar en Chiapas, donde formó parte de la operación Arcoiris, de rastreo y exterminio contra el EZLN. Además, no hay que olvidar que la Sedena suministró las armas entre 2006 y 2009 a los estados prohibidos. Según informaciones de la misma dependencia, nada más a Guerrero mandaron en ese periodo mil 924 fusiles de asalto, ignorando las limitaciones del permiso de exportación.

Hay índices serios que una de estas armas lesionó a Aldo Gutiérrez Solano. La bala que dispararon en su cabeza destruyó 65 por ciento del cerebro del estudiante de Ayotzinapa y lo dejó en estado vegetativo hasta la fecha. También el policía que se encuentra encarcelado por la tortura y asesinato del estudiante Julio Cesár Mondragón portaba una G36. De las armas encontradas en la comisaría de la policía en Iguala, que fueron 38, por lo menos siete policías las utilizaron en el ataque; por las deficiencias en las investigaciones no sabemos qué daños ocasionaron.

Acabar con la impunidad significa que todos los responsables deberán ser juzgados, entre ellos la empresa Heckler&Koch, las instituciones alemanas que se hicieron de la vista gorda en este negocio sucio y también los responsables de la Sedena.

* Periodista de investigación