En medio del escándalo por la contaminacion de cultivos tradicionales de maíz con transgénicos en 2001 y con la presión de la industria de la biotecnología, que a principios de la década pasada se estableció en el país con Agro Bio, el Congreso de la Unión emitió en 2004 la Ley de Bioseguridad, también conocida como ley Monsanto.

Uno de los promotores de esa legislación fue Víctor Villalobos, a quien Andrés Manuel López Obrador propuso para ocupar la Secretaría de Agricultura si gana la Presidencia de la República el próximo año.

Como subsecretario en la Secretaría de Agricultura, a espaldas del Senado firmó el llamado TLC transgénico, un acuerdo con Estados Unidos y Canadá, con el cual se dio entrada legal a ese tipo de productos al país sin requisitos de etiquetado, señaló Silvia Ribeiro en 2003. La investigadora del Grupo ETC apuntó entonces que con eso se burlan los requerimientos del Protocolo de Bioseguridad internacional y se promueve que sigan entrando en territorio mexicano granos contaminados con transgénicos, librando de responsabilidad a empresas y países que los producen.

Pese a la contaminación de grano transgénico detectada en 2001 en Oaxaca y Puebla, centros de origen de maíz, se levantó la prohibición del cultivo que existía y con la Ley de Bioseguridad, emitida en 2004 y su reglamento de 2008, se dio la pauta para regularizar el cultivo de transgénicos en el país. Con eso Monsanto, Pionner y Syngenta, entre otras empresas, desde ese año y hasta 2013 sembraron el producto en fases experimental y piloto, pero no han llegado a la etapa comercial, ya que la acción coletiva impulsada por decenas de ciudadanos, expertos y campesinos hace cuatro años detuvo las autorizaciones.

La ley Monsanto niega el principio de precaución, no prevé consultas públicas pero sí da espacio a que las trasnacionales apelen si no les aprueban una solicitud, afirma los derechos monopólicos de las trasnacionales por medio de sus patentes, las exime de la responsabilidad por contaminación, no considera ni siquiera avisar a quienes podrían ser contaminados, de acuerdo con Ribeiro (La Jornada, 22 de enero de 2005)

Muchos ecologistas han rechazado la propuesta de Villalobos para la SagarpaFoto Francisco Olvera

La organización Semillas de Vida, en un análisis de la legislación, indicó que estableció el régimen de protección especial del maíz, el cual en la práctica se canceló, así como la determinación de centros de origen y de diversidad genética y zonas libres de transgénicos. Más de la mitad de los artículos del reglamento especifican los detalles de los permisos y los instrumentos de bioseguridad sólo están en dos artículos. No se planteó el etiquetado ni un marco de seguridad para la diversidad biológica, la soberanía alimentaria, cultivos y plantas de los que México es centro de origen.

Villalobos aseguró que el maíz transgénico no agrede la cultura ni las tradiciones, pero si no se realizan siembras experimentales seguiremos hablando de supuestos escenarios; estas siembras son necesarias para que los mexicanos desarrollen sus propias semillas y dejen de depender de trasnacionales. México no puede seguir atrás en desarrollo tecnológico, dijo en 2007 en el contexto de la presentación de su libro Los transgénicos: oportunidades y amenazas.

Greenpeace recordó que Villalobos también fue señalado por boicotear las negociaciones en la primera reunión del Protocolo de Cartagena sobre la bioseguridad de los organismos vivos modificados, efectuada en Malasia en 2003, en aras de salvaguardar los intereses de Estados Unidos y Canadá. Por su parte, la Red en Defensa del Maíz lo ubicó como promotor de las empresas de biotecnología.

El agrónomo fue el primer secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial de Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) y en 1995 fue reconocido por la Presidencia por su trabajo en biotecnología aplicada a la agricultura en organizaciones internacionales, según señala su semblanza publicada por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, del cual es director.