Chihuahua, Chih.

La juez de control del distrito judicial Morelos, Sandra Zulema Palma, formuló imputación y dictó prisión preventiva de 12 meses al ex tesorero estatal del PRI Pedro Mauli Romero Chávez, acusado de desviar 63 millones 833 mil pesos de la nómina de trabajadores de confianza del gobierno del estado, que habrían sido usados para pagar a empleados y proveedores y apoyar la campaña electoral priísta en los comicios federales de 2015.

Romero Chávez fue detenido la tarde del viernes en la ciudad de Chihuahua por agentes de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en cumplimiento a una orden de aprehensión, por hechos tipificados en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Según la acusación, entre junio de 2014 y diciembre de 2015, el entonces tesorero recibió 20 pagos de la Secretaría de Hacienda por tres millones de pesos, más una entrega adicional en diciembre de 2014 por otros tres millones 666 mil 667 pesos y en diciembre de 2015 uno más de tres millones 166 mil 666 pesos, recursos provenientes de la cuenta BBVA Bancomer 0166143970 utilizada para el pago de nómina de los empleados estatales.

El dinero habría sido empleado para apoyar a los candidatos a diputados del PRI en la elección federal de 2015, recursos que no fueron reportados en la contabilidad presentada ante el órgano fiscalizador del Instituto Nacional Electoral. Por lo anterior, la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) abrió una investigación contra el ex funcionario partidista.

Romero Chávez recibía los recursos que ex funcionarios esta- tales retenían ilegalmente de los salarios de trabajadores de confianza, para luego cobrar los recursos a través de un cheque que cambiaba el Servicio Pan Americano de Protección, empresa de resguardo y traslado de valores.

Las cuotas ilegalmente retenidas eran entregadas en efectivo al tesorero priísta, se presume que además de utilizarlas para el pago de empleados y proveedores del PRI, así como respaldar ilegalmente las campañas electorales de 2015, un monto mayor de recursos derivado de retenciones a empleados de organismos descentralizados y desvíos a lo largo de todo el sexenio, habría sido utilizado para pagar la construcción de las nuevas instalaciones del PRI en la capital del estado, inauguradas el 28 de noviembre de 2015.

Durante la audiencia de imputación la defensa del ex tesorero del PRI argumentó que las autoridades estatales no tienen competencia en el caso debido a que la Fepade ya realiza una investigación bajo la causa penal 457/17. La juez de control desestimó el alegato al aclarar que las autoridades estatales investigan el desvío de recursos para el pago de empleados y proveedores en años no electorales, por lo que no interfieren con la investigación federal.

Al término de la audiencia fue dictada a Pedro Mauli la medida cautelar de prisión preventiva por 12 meses en la causa penal 3055/2017. El imputado podría recibir una pena mínima de cinco y máxima de 15 años de cárcel. La audiencia de vinculación a proceso será el miércoles 11 de octubre por la mañana.

La juez justificó la prisión preventiva debido al monto millonario del desvío por el que tendrá que responder el ex tesorero priísta, además de que el acusado carece de empleo y ha tenido múltiples cambios de domicilio en los meses recientes.

El desvío de recursos también es investigado por autoridades federales luego de que la titular estatal de la Secretaría de la Función Pública, Stefany Olmos Loya, presentó una denuncia formal en diciembre de 2016 debido a la presunción de hechos violatorios a la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

El 27 de junio, el ex tesorero del PRI fue llamado a declarar ante la Fepade junto con el ex secretario de Hacienda Jaime Ramón Herrera Corral, el ex director de Egresos Jesús Olivas, así como el ex jefe de Control de Pagos Miguel Ángel Mezquitic Aguirre.

La acusación por el delito federal de peculado electoral señala también al ex gobernador César Duarte Jáquez y a Diana Karina Velázquez, presidenta estatal del PRI en 2015 y presidenta del Congreso local, contra quien la comisión instructora de la Cámara de Diputados resolverá un juicio de desafuero la próxima semana.

Velázquez es una de las principales operadoras del ex gobernador César Duarte, y se presume que está relacionada de forma directa con el desvío millonario de recursos públicos para beneficiar al PRI.