igoberto Salgado Vázquez fue retóricamente convertido ayer, en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, en uno de los funcionarios públicos más poderosos del país y la delegación que mal ha gobernado, Tláhuac, en uno de los más expansivos y exitosos centros de narcomenudeo de la República entera. Faltó, sin embargo, declarar a dicha delegación como isla o república independiente, y al rústico jefe delegacional como gobernador o presidente.

Tláhuac como pretexto para la adelantada y violenta lucha entre los partidos de la Revolución Democrática y Morena, ambas partes aferradas a guiones cuya importancia no reside en la verdad, la justicia o la corrección a fondo de los problemas denunciados (utilizados), sino en la preservación o derribamiento de cargos (la jefatura delegacional) y el posicionamiento político y mediático rumbo a 2018 y no solamente en la Ciudad de México.

En lo concreto, Rigoberto es poco defendible, pero Morena no puede aceptar el error de haber postulado, tolerado y favorecido a un personaje cuyo historial, a su paso por el PRD, debería haber cerrado en lugar de abrir las puertas del partido que se ha proclamado diferente. Salgado es solamente una muestra más del daño que se ha infligido Morena al reciclar a políticos impugnables, para hacerlos candidatos porque aportan dinero de cualquier parte y votos de cualquier forma.

La benevolencia hacia el jefe delegacional Salgado incluyó entregar a uno de sus hermanos la conducción de Morena en Durango (estado con intereses y personajes muy vinculados al crimen organizado), entre cuestionamientos en voz baja (la voz alta y pública es causa de expulsión) de militantes locales por la entrega salgadista del partido a los intereses del entonces gobernador priísta, Jorge Herrera Caldera, y por la proclividad escandalosa del dirigente al abuso, la prepotencia, la frivolidad e incluso el acoso sexual, a tal grado que fue dado de baja de ese cargo, habiendo dejado a Morena en la lona.

En Tláhuac, como en otras delegaciones de la capital del país, como en el país entero, la actividad del crimen organizado es una realidad sabida por todos los gobernantes, del nivel que sea. Los inspectores, las policías, los funcionarios locales y los representantes de los gobiernos estatal (el de Miguel Ángel Mancera, en este caso) y federal (el de Enrique Peña Nieto) saben en todos los municipios (y, en la Ciudad de México, en las delegaciones) los nombres de los jefes delictivos en activo, sus rubros y operaciones preponderantes y, con una frecuencia que más bien se ha vuelto regla, reciben beneficios económicos en espiral ascendente hacia las alturas. Muchos de esos grupos o cárteles financian las campañas electorales y a cambio reciben ya no sólo protección en lo general, sino la colocación de personeros en puestos claves.

Pretender que se centre el fenómeno del crimen organizado, y sus relaciones con la política, en el ámbito de Tláhuac es, entonces, una hipocresía monumental o, con más propiedad, una artimaña con objetivos netamente partidistas, electorales. La vehemencia discursiva de algunos de los diputados locales capitalinos adversos a Morena, la invocación de ideales, principios y moralidad, chocan grotescamente con la realidad multipartidista y nacional del creciente predominio de las actividades mafiosas sobre las institucionales, del triunfo generalizado de la corrupción y la vocación delictiva (en lo narco, pero también en lo político: binomio cada vez más claro) sobre el ejercicio de la administración pública.

La farsa justiciera podría desembocar en la destitución del jefe delegacional. Pero eso no resuelve en nada el problema de fondo de una Ciudad de México donde se han asentado la corrupción y el crimen organizado, bajo las siglas partidistas que sean: el PRD de ahora y el de antes; el PAN, con demarcaciones como Benito Juárez especializadas en el negocio inmobiliario; el PRI, el de siempre y el muy acotado de ahora, y Morena, y no solamente en Tláhuac.

El jefe político de la comarca, Miguel Ángel Mancera, hace como que la urna le habla. Su gestión ha sido muy criticada y los resultados reales son negativos. Pero él sigue en campaña por la Presidencia de la República, en visitas a otros estados para repartir bienes capitalinos. En tanto, los accidentes e incidentes en el Metro son constantes; los abusos policiacos se mantienen y la delincuencia está desbordada. El problema, pues, no es (solamente) una delegación política ni (solamente) el súbitamente tan poderoso Rigoberto Salgado, virtual presidente de la hermana República de Tláhuac.

Este martes se dio un paso importante en el proyecto de impedir que en 2018 haya un ganador de la contienda presidencial que pueda ejercer el cargo en las condiciones de excesivo poder hasta ahora conocidas. La idea lleva tiempo en circulación, impulsada especialmente por el priísta reactivado Manlio Fabio Beltrones Rivera. Se busca crear las condiciones y compromisos previos a las elecciones que obliguen a esos aliados a gobernar el país conforme a programas compartidos, más que del partido ganador; gobierno de coalición y no de una facción.

El ingenio constrictor tiene dedicatoria no explícita para Andrés Manuel López Obrador, no porque se le obligara a asumir tal figura del gobierno de coalición en caso de que ganara la Presidencia, pero sí en cuanto constituye un mecanismo de cohesión para las fuerzas que se le oponen, más allá de las siglas de estos partidos. Por lo pronto, han apoyado esa propuesta el propio Beltrones, priísta; Miguel Ángel Mancera, apartidista pero, en los hechos, precandidato del PRD, y el panista Gustavo Madero, representante de Ricardo Anaya.

Y, mientras se sigue inundando el Paso Exprés de Cuernavaca, y a Graco Ramírez le sigue lloviendo, ¡hasta mañana!

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