finales del año pasado se abrió en el municipio morelense de Coatlán del Río un nuevo penal femenil, oficialmente llamado Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 16, coloquialmente conocido como Michapa, por el nombre del poblado en que está ubicado. Este penal, que reúne las características de uno de alta seguridad, fue construido por el Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim, bajo el nuevo esquema de asociación público-privada (APP). Se trata del primer Cefereso exclusivamente femenil del país, y se han internado en él mil 339 mujeres privadas de su libertad por delitos del fuero federal procedentes de todo el país. Tanto la construcción como el traslado y el funcionamiento de este nuevo centro han estado caracterizados por la falta de transparencia, las irregularidades y las violaciones a los derechos humanos.

A los pocos días de entrar en funcionamiento dicho penal, las denuncias de los familiares de las internas no se hicieron esperar. Según estos testimonios, varias fueron abusadas sexualmente durante el traslado, torturadas y una de ellas falleció por un coma diabético producto de esta violencia. A raíz de las denuncias, organismos de derechos humanos solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para las reclusas. En un informe presentado en marzo pasado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) junto con otras organizaciones de la sociedad civil, se documentó el uso de la violencia policial y se demandó el alto a los traslados hasta que se aclararan los hechos denunciados. Esta situación motivó que el Comité Evaluador del Sistema Penitenciario hiciera una visita a Michapa y presentara un informe a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el cual aún no se ha hecho público.

A nivel personal he podido escuchar varios de los testimonios de los familiares de las internas y de sus compañeras que quedaron en el Cereso de Atlacholoaya, de donde fueron trasladadas con violencia varias de las mujeres. Durante los ocho años de trabajo en un taller de escritura creativa en dicho penal, tuve el privilegio de conocer a varias de las mujeres trasladadas, de ver cómo se apropiaban de la escritura creativa como herramienta de reflexión y reconstrucción identitaria. El espacio de construcción de comunidad en reclusión que hemos venido acompañando fue fuertemente impactado por el traslado de las compañeras, que ahora se encuentran en aislamiento casi total, pasando 23 horas encerradas en su celda, sin derecho a tener lápiz ni papel para escribir. Los proyectos culturales a los que tenían acceso en Atlacholoaya les han sido negados, ya que no se ha dado permiso a ningún grupo de la sociedad civil para entrar a dicho penal. Jorge Correa, conocido como el padre del teatro penitenciario, fue expulsado después de su segunda sesión de teatro. El dramaturgo, que ha recorrido los penales del país por más de 30 años, me comentó que nunca había visto un lugar tan desolado como Michapa, donde las internas están muertas en vida. La concentración misma de estas mujeres en un solo penal, lejos de sus familias y redes de apoyo, es de por sí violatorio al artículo 18 de la Constitución, que garantiza el derecho a estar encarceladas en el lugar más cercano a su domicilio. El argumento de que se trata de presas de peligrosidad no puede ser enarbolado, ya que según datos oficiales, 70 por ciento de las mujeres trasladadas se hayan aún en proceso, y varias de ellas tenían un papel de liderazgo en proyectos culturales y educativos antes de ser enterradas en vida en Michapa.

Lo paradójico de esta situación es que el Cefereso No.16 ha sido promovido como parte de los proyectos de modernización del sistema penitenciario mediante los contratos por prestación de servicios (CPS), que ponen en manos de la iniciativa privada no sólo la construcción de los penales, sino muchos de los servicios que permiten su funcionamiento. En el caso de Michapa, el Grupo Carso obtuvo el contrato por adjudicación directa, sin que se llevara a cabo la licitación correspondiente, lo cual nos habla ya de las redes de corrupción que se tejen detrás de su construcción. La perversión del nuevo modelo de sociedades público-privadas ha sido denunciada por especialistas, quienes han señalado que con la inversión privada se crea la oferta de espacios carcelarios que genera una demanda artificial. En el caso de Michapa, las empresas cobran una cuota de mantenimiento al Estado por cada lugar disponible, se paga por la capacidad completa y no el número de personas privadas de la libertad internas. Esto significa que el gobierno mexicano tiene mayor interés en llenar este Cefereso, ya que tendrá que asegurar el pago completo de todas formas. Si a esto aunamos el impulso de la maquila en espacios de reclusión, en nombre de la laborterapia, nos encontramos con un panorama de trabajo esclavo en condiciones que nos remiten al medioevo. Michapa es sólo un ejemplo de un proceso de violencia y privatización que se está imponiendo en todo el país ante la complicidad del silencio ciudadano.