l ex gobernador panista Francisco Barrio Terrazas afirmó recientemente que sacrificaría su integridad para luchar contra la corrupción. Lo dijo durante una reunión en la que conminó a la sociedad civil a sumarse a la demanda por malos manejos en contra del actual gobernador de Chihuahua. El político panista supone que su liderazgo moral es incuestionable y por eso se atreve a poner su reputación en prenda. Sin embargo, la presencia de personajes como Barrio, en estas iniciativas ciudadanas, debe mover a la reflexión. Durante más de dos décadas, la sociedad civil se ha organizado alrededor de demandas contrarias a lo que representan la caterva de políticos que en los años 80 y 90 encabezaron importantes luchas por la democracia electoral, pero que una vez encumbrados dieron la espalda a la sociedad y sucumbieron a las presiones de los poderes fácticos.

El movimiento Unión Ciudadana nace de la demanda por peculado, interpuesta por el abogado Jaime García Chávez, en relación con el vínculo del gobernador César Duarte en el Banco Unión Progeso. La iniciativa pretende frenar la discrecionalidad con que Duarte maneja los recursos públicos del estado más grande del país y es impulsada por luchadores sociales como Víctor Quintana, y también por el senador panista Javier Corral. Un esfuerzo como este require de una alianza amplia y plural. Por eso resulta pertinente preguntarse qué aporta la presencia de fantasmones como Francisco Barrio a los nuevos escenarios de la transición democrática, sobre todo si se toma en cuenta que una de las características sobresalientes de la ciudadanía que se está forjando desde hace algunos años, descree de los actores y los métodos de la política convencional.

Barrio fue gobernador de Chihuahua entre 1992 y 1998, años en que cundió la violencia relacionada con el narcotráfico, generando numerosas desapariciones de personas, muchas de ellas mujeres jóvenes. Durante ese periodo el feminicidio se convirtió en un problema endémico al que Barrio respondió con escasa sensibilidad. Hizo comentarios moralinos tendientes a incriminar a las víctimas; sugirió que se trataba de prostitutas o de niñas descuidadas por sus familias. El aparato judicial de su gobierno actuó con ineficacia y negligencia. En 1995, el entonces procurador de la República, Antonio Lozano Gracia, y el gobernador concertaron un plan piloto para militarizar el estado, con el pretexto de combatir el narcotráfico. El obispo de la tarahumara y varias organizaciones civiles se opusieron, debido a las tropelías y violación a los derechos humanos por parte de los militares. Eran los tiempos de la Familia Feliz, como era conocido su grupo político: tiempos de auge económico, durante los cuales los allegados del gobernador se beneficiaron de los negocios inmobiliarios. También fue la época de la llamada nómina confidencial. Barrio terminó su sexenio con un gesto desconcertante. En el verano de 1997 encabezó, en Ciudad Juárez, una marcha para exigir el fin a la violencia. El ciudadano común se preguntó a quién dirigía sus demandas el gobernador del Estado.

Durante el sexenio de Vicente Fox se desempeñó como secretario de la Función Pública y ofreció que en breve caerían peces gordos. No concluyó el encargo. El Pemexgate quedó impune y Carlos Romero Deschamps inmune. Como colofón a su mediocre gestión, la revista Proceso le dedicó una de sus portadas; en ella aparecía una foto del funcionario y el encabezado: ¨Un hombre llamado fracaso¨. Con miras a posicionarse rumbo a la elección presidencial brincó del gabinete de Fox a una candidatura plurinominal al Congreso. En la víspera de su toma de posesión como legislador, la prensa refirió reuniones del panista con Elba Esther Gordillo, cuyo objetivo era amarrar una alianza bipartidista que impulsara las reformas estructurales. Ambos sonaban para coordinadores de sus respectivas bancadas. Barrio contemporizó alegremente con Elba Esther, cuadro priísta clave en el fraude electoral perpetrado en su contra en 1986; en esa época Gordillo fue delegada del SNTE en Chihuahua. El ex contralor nadaba ahora en las aguas de los peces gordos que poco tiempo antes había tenido la obligación de capturar. Barrio y la maestra encabezaron la operación de las reformas en San Lázaro hasta que la estrella política de ambos empezó a apagarse. Gordillo fue desplazada por Emilio Chuayffet y Barrio cayó por su propio peso. En 2005 sus aspiraciones presidenciales fueron despachadas a las primeras de cambio. Un año más tarde, regresó a los negocios privados en Ciudad Juárez, pero antes de salir de la escena pública, calificó de tarugadas sin fundamento los señalamientos de corrupción y nepotismo contra la pareja presidencial.

En 2008, cuando la violencia de la llamada guerra contra las drogas empezaba a poner en crisis la viabilidad de algunas regiones del país, no tuvo la convicción ni la estatura ética para oponerse a la política militarista que devastó a Ciudad Juárez y a otras partes del estado que alguna vez gobernó. Su lealtad al régimen fue premiada con el puesto de embajador en Canadá. Un informe del consulado americano en Ciudad Juárez, dirigido al Departamento de Estado, y posteriormente difundido por Wikileaks, lo definió como un político en picada que problemente aprovecharía el puesto para promover sus intereses y aspiraciones en el sector privado. Permaneció en Ottawa entre 2009 y abril de 2013, fecha en que fue relevado de su cargo por el gobierno de Enrique Peña. Es evidente que al autopostularse como reserva moral de la sociedad, Francisco Barrio apuesta por el cinismo y el olvido. Lo que no está claro es a qué apuestan los movimientos sociales cuando ceden cancha y dan oxígeno a políticos que han contribuido a hundir al país en las turbias aguas en que navega.

* Escritor chihuahuense; su novela más reciente se titula Garabato.