res mujeres, una de ellas con pelo blanco, vistiendo sencillos huipiles de increíble delicadeza, quieren hablar. Tienen una historia que decir, un grito ahogado que recuperar. La mayor desgracia que le puede ocurrir a un pueblo es perder la voz. Son nahuas de Tlanixco (en Tenango del Valle, tierra de los matlazincas históricos) y su historia, ¿quién la escucha ya? Un pueblo valiente donde muchos tienen miedo. Francisca Álvarez, tesorera del consejo ejidal, Marisela Molina y Yolanda Álvarez Zetina, llevan en sí a donde vayan un reclamo acuciante que, pasados 10 años, no se hace viejo, sino que representa un agravio mayor. Los esposos de Marisela y Yolanda se encuentran presos (ojo lector, quizás te sorprendas) acusados-de-crímenes-que-no-cometieron. Para gobiernos estatales como el mexiquense, siempre autocrático, racista y autoritario, resulta normal la fabricación de culpables indígenas. Es casi una industria.

Como en Chiapas, por ejemplo. La notoriedad alcanzada por el caso de Alberto Patishtán ha puesto en evidencia (por si hacía falta) las prácticas viciadas del sistema de justicia, y más cuando se trata de indígenas que se pretende controlar. Chivos expiatorios de crímenes cuyos verdaderos culpables permanecen impunes, y en ocasiones (como es el caso de Patishtán, o el de Tlanixco), en el colmo de lo impune, se desconoce su identidad.

El Congreso Nacional Indígena (CNI) se pronunció el pasado 18 de agosto por la libertad de nuestros seis hermanos de la comunidad de San Pedro Tlanixco, presos injustamente desde hace 10 años en Almoloya por defender el agua de su comunidad. Se trata de Pedro Sánchez Berriozábal, con una sentencia de 52 años; Teófilo Pérez González, sentencia de 50 años; Rómulo Arias Mireles, sentencia de 54 años; Marco Antonio Pérez, Lorenzo Sánchez y Dominga González, en proceso todavía. De dos más, Rey Pérez Martínez y Santos Alejandro Álvarez Zetina, el CNI exige la cancelación de sus órdenes de aprehensión. Son víctimas de esa curiosa costumbre de la justicia mexicana de hacer pagar a quien sea por crímenes no resueltos o que no se desea resolver. Y qué mejor que matar dos pájaros de un tiro y quitarse de encima personas o grupos incómodos o desafiantes para las autoridades corruptas.

La injusticia que nos ocupa data de 2003. El pueblo de Tlanixco, miembro del CNI, defendía los manantiales del río Grande (o Texcaltengo), que nacen en su territorio, contra la voracidad de los empresarios de Villa Guerrero, localidad de floricultores poderosos vinculados abiertamente con el grupo Atlacomulco –la cofradía, o familia ampliada, de políticos priístas que controla el Edomex hace muchos sexenios y hoy, poco más poco menos, ocupa los Pinos y hace de las suyas en mayor escala.

Gobernaba la entidad el inefable mata ratas e incómodo tío de todos (ellos) Arturo Montiel. Las indígenas se turnan para relatar que los detenidos formaban parte del Comité de Agua Potable y del comisariado ejidal que en 2000 lograron la concesión de los arroyos en su comunidad; pero los influyentes vecinos de Villa Guerrero cambiaron las concesiones, lo cual dio pie a un conflicto, típicamente canalizado en 2002 a una mesa de diálogo en Toluca que no llegó a nada. El primero de abril de 2003, Alejandro Isaac Basso, presidente de Agua de Riego del río Texcaltengo y empresario floricultor de Villa Guerrero, “acompañado por otros 11, sube a Tlanixco, según que a checar ‘su’ agua que bajaba sucia, y la gente del pueblo los rodeó para interrogarlos sobre su presencia en el ejido”. En un confuso episodio, Isaac Bassa cae en un precipicio y muere. Los de Tlanixco sostienen que se tropezó. Los de Villa Guerrero, que lo empujaron.

Lo relevante es que los hoy sentenciados no se encontraban en el lugar de los hechos, pero se les acusó de la muerte del empresario, porque eran los que conocían los de Villa Guerrero por su participación en los diálogos de Toluca. Se les hizo fácil señalarlos para que pagaran por el muerto y quitárselos de encima. Cuatrocientos carros llegaron a las casas de los comisariados y ex comités, y se los llevaron sin orden de aprehensión. ¿Cuatrocientos? Cuatrocientos, confirman las tres mujeres, eran más de mil policías. Es el 22 de julio de 2003. De inmediato y sin escalas los encierran en Almoloya. Tlanixco se hundió en el estupor. Desde entonces el gobierno no ha dejado de dividir y amedrentar a los nahuas de la localidad, agricultores y albañiles. La receta mexiquense contra mazahuas (Pueblo Nuevo por ejemplo), ñanhus y nahuas. O quién recuerda el atencazo de Enrique Peña Nieto.

Es una represión contra los pueblos indígenas que defienden sus recursos naturales, robados por los que no los van a proteger, concluye doña Francisca. Por ello, Yolanda y Marisela sostienen que sus maridos Lorenzo y Pedro, respectivamente, son inocentes, y sobre todo, presos políticos, aunque no se les reconozca como tales.