En su disputa por el líquido, poblaciones mexiquenses se amenazan de arreglar las cosas a balazos y “manos extrañas” dinamitan obras hidraúlicas y dejan sin agua a 25 mil personas. Los criterios que emplea la Comisión Nacional del Agua para otorgar concesiones –que suelen beneficiar intereses económicos y se aplican sin consulta alguna a las comunidades– propician que los conflictos se compliquen

ATLAPULCO, EDO.  DE MEXICO.Esta comunidad ñahñú del municipio de Ocoyoacac, Estado de México, está ubicada a más de 2 mil 500 metros en los linderos del valle de Toluca. En esta zona fría y montañosa la agricultura apenas da para completar la dieta, por lo que la mayoría de los comuneros de San Pedro Atlapulco, además de sembrar se dedica a cultivar truchas y vive del turismo de los capitalinos que visitan los fines de semana las inmediaciones de La Marquesa.

Buena parte de sus tierras está cubierta de bosques. De sus 7 mil 110 hectáreas, 4 mil 200 son bosque comunal, de las cuales una porción –498 hectáreas– está dentro de los límites del Distrito Federal como parte del Parque Nacional Miguel Hidalgo I. Costilla-Desierto de los Leones.

Mario Flores Juárez, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Atlapulco, explica que para los indígenas “todo lo que nace en el bosque es sagrado y parte de nuestra cultura es cuidarlo. Por eso somos guardianes de los encinos, oyameles y ocotes que dan oxígeno a las ciudades de México y Toluca. La comunidad –sin ayuda del gobierno– paga brigadas contra incendios, incluso ha expulsado a los invasores de la zona protegida y a los talamontes”. De estos bosques, dice, nace agua que alimenta a los municipios de Lerma, Huixquilucan, Capulhuac y una parte, a la Ciudad de México.

A lo largo de su historia, los ñahñús han defendido sus tierras y aguas, pero también han compartido sus recursos. Lerma y Huixquilucan desde hace años se proveen del líquido que brota en Atlapulco. El ayuntamiento de Lerma mantenía un convenio con la comunidad por el uso del agua, pero la Comisión Nacional del Agua (CNA) otorgó a un ex funcionario municipal la concesión de su explotación, uso y aprovechamiento. Esto sirvió de pretexto a las autoridades municipales para desconocer el acuerdo y extraer más agua.

Los indígenas no ocultaron su enojo y en asamblea deciden pasar a la acción. En mayo del año pasado, más de 400 comuneros interrumpen el suministro del agua a Lerma durante seis meses, afectando a 80 mil personas. En los juzgados demandaron la cancelación de las concesiones de agua dentro de sus terrenos. El juez acepta el recurso legal. Esto obliga a las autoridades de Lerma y de Huixquilucan a dialogar con ellos.

Carlos González, asesor legal de la comunidad, expone el proceso: “Apoyado en el derecho indígena y en una resolución presidencial de 1946 que reconoce como bienes comunales sus bosques, tierras y aguas, Atlapulco logra suscribir convenios con ambos municipios. Esto fue posible después de una intensa lucha que combinó acciones acordadas por la asamblea comunal (como el corte del agua) con negociaciones a todos los niveles y la interposición de un juicio de amparo en contra de los títulos de concesión que la CNA otorgó a pobladores de Lerma sobre manantiales localizados en Atlapulco”.

El acuerdo de los indígenas con Lerma parece más político que legal. Sin embargo, para Mario Flores es el “primer contrato por prestación de servicios ambientales que se firma entre una comunidad indígena y una entidad pública”. Y asegura que sienta un precedente para otras comunidades agrarias con este tipo de conflictos.

En el contrato signado por ambas partes en papel membretado, el ayuntamiento de Lerma “solicita a la comunidad la prestación de servicios ambientales consistentes en la conservación del medio ambiente indispensable para la subsistencia de los manantiales”. A su vez, le “solicita el derecho de uso de una servidumbre de acueducto ubicada en tierras comunales, para la red de captación y conducción de las aguas que aprovecha de los manantiales”.

El convenio tiene una vigencia de dos años y establece el pago de 425 mil pesos por parte del ayuntamiento al Comisariado de Bienes Comunales por concepto de “servicios ambientales”. Dinero que se ha utilizado para cuidar el bosque y equipar la telesecundaria del lugar.

“Este tipo de contrato no tiene precedente en México”, afirma Carlos González, quien agrega que dicha figura “tiene que ser reconocida en la ley”.

Con el municipio de Huixquilucan hay un acuerdo similar. Aunque los ñahñús reconocen que la Federación tiene derechos sobre el agua, ellos argumentan que no todo el agua es nacional y que sus veneros no forman parte de ningún río. Por eso mantienen el litigio legal para cancelar las concesiones que dio la CNA a Lerma y a Capulhuac.

En los últimos años, la disputa por el agua ha pasado a formar parte de la vida de las comunidades agrarias del centro del país. Las grandes ciudades y los proyectos inmobiliarios e industriales requieren cada día una mayor cantidad del vital líquido. El panorama es dramático. La Cuenca del Lerma ha disminuido a niveles críticos y a esto se suma la cancelación del proyecto de extraer agua para el DF del río Temascaltepec por la oposición de las comunidades y municipios afectados.

No habiendo otra alternativa, el 30% del agua que recibe la ciudad de México se genera en los bosques de las comunidades serranas más próximas. Esto implica una presión de la mancha urbana a las poblaciones que resguardan los bosques.

En 1922, Alvaro Obregón declara las aguas superficiales de la Cuenca del Valle de México como nacionales. Esto alienta el despojo de las comunidades que han preservado el suelo agrícola y forestal. Desde entonces, el gobierno toma agua del manantial Los Ajolotes, situado en Atlapulco, para abastecer a la Ciudad de México. Luego de su experiencia reciente, los ñahñús buscan que el gobierno capitalino pague por el agua que se lleva. Hasta el momento sólo han bloqueado el paso a los trabajadores de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica del DF.

“San Pedro Atlapulco ha comprendido la importancia estratégica de los recursos que posee y por eso busca compensaciones por el agua que diversos municipios se llevan de nuestros montes. El cuidado del bosque tiene que ser retribuido”, afirma Mario Flores.

Otras comunidades alteñas de los valles de Toluca y de Anáhuac han emprendido luchas similares para que las aguas consideradas nacionales, sean declaradas comunales y se reconozcan sus derechos territoriales. Esto abre la puerta a nuevos conflictos por este recurso.

San Pedro Tlanixco. En las faldas del Xinantécatl o Nevado de Toluca, hay muchos manantiales de agua cristalina que manan del volcán. Sobre la serranía que baja de la montaña hacia el sureste está ubicado este pueblo indígena del municipio de Tenango del Valle. La abundancia del acuífero en sus tierras contrasta con la pobreza en la que viven sus 12 mil habitantes.

Los indígenas habitan y siembran en los linderos de un gran bosque. Ellos no explotan la madera aún cuando de las 3 mil 600 hectáreas que poseen, casi la mitad está cubierta de pinos y encinos.

La mayor parte del agua de los manantiales y de dos ríos que allí nacen se destina al municipio de Villa Guerrero (que utiliza una pequeña porción para consumo humano y el resto para irrigar los viveros de flores, su principal actividad económica). Esta desigual relación ha generado conflictos entre los productores y los indígenas de Tlanixco.

Los pobladores de este antiguo asentamiento matlatzinca –que los gobiernos priístas catalogaron como mazahua para efectos electorales–, retoman el ejemplo de sus pares de Atlapulco y demandan una distribución más justa del agua que nace en sus tierras y el reconocimiento de sus derechos territoriales como comunidad.

Esta disputa entre los tlanixqueños y los floricultores del municipio vecino amenaza con tornarse violenta. Debido a sus acciones en defensa del agua, la Procuraduría General de la República (PGR) acusa a algunos campesinos de “destruir bienes nacionales”. Por su parte, los floricultores han manifestado su decisión de defender el líquido con las armas.

La baja de precios de sus productos y la mala calidad de sus tierras, han obligado a los jóvenes de Tlanixco a emigrar a Estados Unidos (este año más de 100 indígenas se han ido de mojados al norte) o a trabajar como jornaleros en los invernaderos de flores de Villa Guerrero (este municipio produce más de 80% de las flores del estado que se exportan al país vecino).

Los 500 ejidatarios de Tlanixco y sus familias se oponen a que grandes empresas floricultoras y pequeños productores villaguerrerenses –a quienes la CNA otorgó varias concesiones– se lleven el agua mientras ellos no tienen de qué vivir.

Rey Pérez Martínez, presidente del Comisariado de Bienes Ejidales, recuerda que en 1999 la CNA otorgó concesiones a Villa Guerrero sobre los dos ríos que nacen en Tlanixco (prohibiéndole hacer obras de riego o de captación a esta comunidad). Un año después, la misma Comisión da a Tlanixco concesiones sobre los manantiales El Bellotal y Puente de Trozo. “En ese momento, Alejandro Isaac Basso, representante de la Asociación Civil de Usuarios del Río Texcaltelco (los floricultores), solicitó a la CNA la cancelación de nuestro título porque según ellos esas aguas son del río Texcaltenco (que los tlanixqueños llaman Arroyo Grande). A partir de ahí, el pueblo empieza a organizarse”, agrega.

Acompañado por un grupo de campesinos jóvenes, Pérez Martínez explica que el conflicto entre ambas poblaciones reventó porque los de Tlanixco comenzaron a sembrar flores. “Como ellos necesitan más agua para extender sus cultivos, no quieren que les hagamos la competencia. Nosotros vendemos flores en el DF. y en Toluca”.

Ataviado con un sombrero de palma, el representante de los ejidatarios subraya que durante décadas este pueblo “fue cien por ciento priísta” pero “a raíz de este problema nos alejamos del PRI porque nos dimos cuenta que el gobierno del estado apoya a las empresas floricultoras. Creemos que hay funcionarios que tienen allí intereses económicos”.

El diferendo fue subiendo de tono. El año pasado la PGR dio entrada a una demanda en contra de las autoridades ejidales de Tlanixco. “La gente lo tomó como una agresión y se organizó para evitar su detención. El gobierno del estado se comprometió a reunir a los representantes de las partes con la CNA, pero como no cumplió, el pueblo decidió bloquear la autopista Tenango-Ixtapan de la Sal”, cuenta Rey Pérez.

Durante tres días, 600 hombres, mujeres y niños de Tlanixco bloquearon esa vía rápida en agosto pasado. Las autoridades se volvieron a sentar a dialogar con los campesinos. La CNA se comprometió a respetar las concesiones de agua de los inconformes. Por su parte, el gobierno del estado acordó llamar a las partes para encontrar una solución al problema. Después de varios encuentros, las conversaciones se suspendieron meses después.

La tensión subió al máximo cuando en diciembre pasado más de 25 mil habitantes de 11 comunidades de Villa Guerrero se quedaron sin agua porque fue dinamitada la obra de captación y conducción del río Tintojo que los abastece (Donde Revientan las Aguas, le llaman los tlanixqueños). El alcalde de Villa Guerrero, Rodolfo Martínez –del PRD–, no duda en señalar como responsables a los de Tlanixco. Por eso, informa, el servicio fue reinstalado semanas después con el apoyo de la policía estatal.

El ayuntamiento y los usuarios del río Texcaltenco presentaron una denuncia ante la PGR, misma que libró orden de aprehensión contra 22 labriegos de Tlanixco por los delitos de “despojo de agua” y “terrorismo” (PGR/TOL/017/2002).

“Correrá sangre en el río Tintojo” cabeceó el periódico local Realidades al dar cuenta de las declaraciones de los usuarios afectados que amenazaron con defender a “balazos” el agua que les concedió la CNA desde 1971.

En su descargo, los campesinos de Tlanixco dicen que antes no había problemas hasta que los floricultores buscaron apropiarse de un mayor caudal. A pesar de los señalamientos en su contra, como Fuenteovejuna, nadie en el pueblo sabe quién destruyó la obra hidráulica. Rey Pérez señala para el otro lado: “Nosotros pensamos que ellos mismos (los de Villa Guerrero) lo hicieron porque ahora metieron un tubo de mayor diámetro (de cuatro a ocho pulgadas). La comunidad nunca les dio permiso para hacer las obras de captación, para meter sus tubos ni para volverse a conectar”.

El líder ejidal se queja de que con la reinstalación del agua se violó el amparo concedido por un juez de distrito de Toluca el 21 de noviembre del 2001.

A nombre de los ejidatarios, Rey Pérez acusa a la CNA de “disponer ilegalmente de las tierras y aguas de Tlanixco al otorgar títulos de concesión a terceros sobre esas aguas sin consultarnos”.

Los tlanixqueños demandan del municipio vecino donde hay un distrito de riego y de los floricultores (en buena parte con intereses extranjeros de empresas como Cosmoflor y Visaflor), “el pago de servicios ambientales y la instalación de un equipo de bombeo para subir el agua a las rancherías del ejido que carecen de ella”.

El razonamiento de los indígenas no se detiene en consideraciones legales sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, por eso el representante de Tlanixco declara: “El agua es nuestra pero no queremos dejarlos sin nada a ellos; hemos pedido que se lleven el 50 % del líquido y que nos reconozcan por cuidar el bosque donde nace el agua. Si nosotros no lo cuidáramos se acabaría el agua”.

Parados en Donde Revienta el Agua, una cañada paradisiaca de la que emerge el agua debajo de las piedras, los campesinos –que recientemente han tomado conciencia de su identidad indígena– explican que “el problema es que los floricultores nos quieren quitar toda el agua para sus cultivos de exportación. Quieren detener el progreso de nuestro pueblo y nos amenazan con la cárcel. El presidente municipal de Villa Guerrero ha dicho que deberíamos estar agradecidos de que nos den trabajo (por el que les pagan de 70 a 80 pesos por 10 horas de jornada)”.

Al finalizar su exposición, Rey Pérez sintetiza, sin proponérselo, las contradicciones entre la legalidad vigente, las prácticas de las autoridades y la visión de los campesinos: “Estamos dispuestos a compartir el agua, pero los recursos naturales son de Tlanixco y se nos deben respetar, por eso cuidamos el bosque. La CNA llevó a cabo una campaña en 1989 para regularizar los afluentes de agua de los pueblos dizque para titularlos en su beneficio. De buena fe les dijimos donde estaban los manantiales, pero ahora nos dice que las aguas son bienes nacionales y se las dan a terceros, ¿pero qué nosotros no somos parte de la nación?”