ación de empresas y la inversión privada. No podía faltar un aspecto clave anunciado por Florencio Salazar: que haya seguridad pública para personas y bienes.
MIERCOLES Ť 10 Ť ENERO Ť 2001
Ť El ideólogo de la estrategia foxista, el ex subsecretario de Hacienda de Zedillo
El plan Puebla-Panamá, caballo de Troya del capital en contra de las guerrillas del sureste
Ť El multimillonario Alfonso Romo y el ex priísta Florencio Salazar, entre sus promotores
CARLOS FAZIO/II
La estrategia foxista para la entrada de grandes capitales a los estados pobres del sur del país --en particular Chiapas y Oaxaca, asiento de las guerrillas del EZLN y el EPR-- es en realidad obra de un funcionario salino-zedillista, el ex subsecretario de Hacienda Santiago Levy. Bajo el benedettiano nombre de El sur también existe, pero en clave conservadora, Levy logró "vender" a Fox el proyecto que antes había presentado al candidato presidencial del PRI, Francisco Labastida.
El proyecto interesó al panista, quien lo puso bajo monitoreo de uno de sus patrocinadores de confianza: Alfonso Romo. Con algunos ajustes, el "plan estratégico", cuyo nombre es Proyecto Puebla-Panamá, fue entregado a Fox el 2 de noviembre pasado.
Al frente del mismo está el ex priísta guerrerense y neofoxista convencido Florencio Salazar. El plan cuenta con un presupuesto de 80 mil millones de pesos.
El multimillonario Romo (Pulsar, Industrias La Moderna, Luxor y Mohawk, Seguros Comercial América, Vector Casa de Bolsa, Orbis), con cuantiosas inversiones en el sureste mexicano luego de las modificaciones al artículo 27 constitucional, ha declarado que "el proyecto Chiapas es el que más me gusta de todos mis negocios".
Las empresas de Romo en Chiapas se han dedicado al monocultivo de productos de exportación como la palma africana, plantas ornamentales y el bambú tipo gandía, y en asociación con Conservation International (CI) --organización no gubernamental ambientalista con sede en Estados Unidos, que figura en la lista global de compañías e intermediarios que realizan biopiratería--, desarrollan proyectos "conservacionistas" en la selva Lacandona.
Según Miguel Pickard, del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, de San Cristóbal de las Casas, se "sospecha" que detrás de las acciones "amigables al medio ambiente" de Pulsar y CI se pretende ocultar actividades de bioprospección y "posiblemente biopiratería", disimuladas con una gruesa capa de barniz ecologista.
Es público que CI, empresa líder en bio-prospección, está recolectando plantas y microorganismos en los países donde opera y que ha establecido una "alianza estratégica" con trasnacionales farmacéuticas para identificar y documentar el uso de medicinas tradicionales por los pueblos indígenas. (Boletín Chiapas al Día No. 175, www.ciepac.org).
Romo está convencido que "la presión social no disminuye con balas, sino promoviendo riqueza". Él sabe como hacerlo. Lo que no dice --como tampoco el presidente y los neocolumnistas foxistas de Estado--, es que el Proyecto Puebla-Panamá es la última fase de un plan contrainsurgente inscrito en una guerra de baja intensidad, que viene a sumarse a las labores de guerra sicológica, acción cívica, control de población y guerra sucia paramilitar desplegadas por el Ejército en los últimos seis años.
El Proyecto Puebla-Panamá es la cara económica del plan militar Chiapas 2000, renovada estrategia contrainsurgente de rostro más "amable" puesta en práctica por la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigida a "quitarle las banderas" a los zapatistas sobre la base de la "legitimidad democrática" del nuevo régimen (Carlos Fazio, La Jornada, 11.XII.2000),
El "ya, ya, ya" para la explotación
Todo eso es lo que pretende ocultar la multipublicitada retórica del "changarrismo social" de Fox, quien para alcanzar la Presidencia prometió "un vocho, una tele y un changarro" para cada indígena mexicano. En la "era de la burocracia total" (Saramago dixit), en este mundo esquizofrénico donde Orwell y Kafka parecen haberse quedado cortos en sus profecías, Fox, el hombre del demagógico "ya, ya, ya", sigue manejándose como si estuviera en campaña.
A un mes de su llegada a Los Pinos se comporta como un gobierno mediático y continúa expresándose como si gobernara a un país de analfabetos funcionales que no saben organizar sus razonamientos. En el fondo, lo que está en disputa en la selva Lacandona son vastos recursos acuíferos, de hidrocarburos y en biodiversidad hasta ahora vírgenes. Debido a la abundancia de agua, ambas zonas son consideradas idóneas para el nuevo patrón técnico de producción del siglo XXI, en particular la biogenética y las plantas forestales comerciales.
Según el Banco Mundial, Chiapas es un "interesante campo experimental en biogenética y biodiversidad para los empresarios". No es casual que Savia, la empresa de Romo, sea la sexta transnacional del mundo en agrobiotecnología. En el millón 879 mil hectáreas de la Selva Lacandona --que concentra ocho municipios con influencia de la guerrilla zapatista--, está 25 por ciento del agua superficial del país, que genera 45 por ciento del suministro hidroeléctrico. Además, esa vasta región alberga más de la mitad de las especies mexicanas de árboles tropicales, 3 mil 500 especies de plantas, 114 especies de mamíferos y 345 de aves.
En el valle de Amador, donde el Ejército tejió una red de instalaciones militares y tiene movilizada tropas de élite de despliegue rápido, el petróleo "se huele a ras del suelo", como en el ejido Pichucalco, "pegadito" a Amador Hernández (declaraciones del subcomandante Marcos al autor para El tercer vínculo, Joaquín Mortíz, 1996).
En su carta a Saramago, Marcos dice que en las áreas de Marqués de Comillas y Ocosingo hay una inmensa "mina" de hidrocarburos, con un potencial estimado en tres mil millones de barriles de petróleo (La Jornada, "Chiapas: la guerra/III", 5.XII.1999).
A su vez, Andrés Barreda documentó que el yacimiento Nazareth de Pemex se superpone con el poblado Francisco Gómez (antes La Garrucha), uno de los cinco Aguascalientes zapatistas, el cual queda "nadando" en el centro de ese yacimiento. Otro Aguascalientes, el de Roberto Barrios, queda pegado al yacimiento de Palenque, mientras que gran parte del municipio autónomo Amparo Aguatinta está sobre uno de los campos Mena de Pemex.
Subsidios y seguridad
Alvin Toffler y Paul Kennedy han vaticinado que los recursos naturales, en especial el agua, serán las grandes armas estratégicas del siglo XXI; se ha señalado incluso que la próxima guerra mundial será por el agua. Los cuantiosos recursos acuíferos de Chiapas explican, también, las apetencias del capital "global" --vía sus socios vernáculos del Consejo Empresarial Mexicano de Asuntos Internacionales (CEMAI)-- y las presiones para la privatización de la cuenca del Usumacinta, así como para la construcción, con fondos privados, de ocho hidroeléctricas en la selva Lacandona.
Proyecto menor, comparado con los programas de construcción de la Comisión Federal de Electricidad que, desde 1986, tiene previsto instalar 71 nuevas presas hidroeléctricas en Chiapas que habrían de sumarse a las cinco que están en operación: La Angostura, Chicoasén, Malpaso, Peñitas y El Retiro. Los programas hidroeléctricos de la Lacandona prevén valles y cañadas donde se asientan colonos zapatistas, entre ellas las que surcan el valle Amador, el Aguascalientes de Morelia y el municipio autónomo de Amparo Aguatinta (Andrés Barreda, "El agua de Chiapas también se privatiza", Masiosare, 3.X.1999).
No es difícil deducir que la "modernización" de Chiapas implicará violencia y expulsión de pobladores, por lo que no parece casual que la saturación militar en las zonas de influencia zapatista haya sido guiada, más que por la amenaza guerrillera, por intereses económicos y planes de privatización de recursos geoestratégicos. Los programas hidroeléctricos para la Lacandona servirán de apoyo a nuevos complejos urbano-industriales en Tabasco, el Istmo de Tehuantepec y otras regiones.
Y allí es donde parece embonar como anillo al dedo el Plan Puebla-Panamá, con su red de carreteras, mejoramiento de puertos y aeropuertos y la modernización del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, mediante inversiones públicas.
El plan prevé "perfeccionar" las reformas a la legislación agraria (nuevos ajustes a la tenencia de la tierra bajo control ejidal) y subsidios oficiales para enviar "buenas
señales" a los inversionistas y acelerar el proceso de incorporación de capital privado en áreas de producción como la de derivados de petroquímicos básicos.
También supone homogeneizar las legislaciones de los estados para sortear cuestiones regulatorias que dificultan la instal
ación de empresas y la inversión privada. No podía faltar un aspecto clave anunciado por Florencio Salazar: que haya seguridad pública para personas y bienes.
El nuevo proyecto de intervención estatal, mecanismo "repudiado" en el discurso por industriales y tecnócratas, también contará con la participación de la Secretaría de Marina. El plan 2000-2006 que entregó a Fox el nuevo titular del arma, Marco Antonio Peyrot, permitirá dar un "giro comercial" a la marina de guerra. Destaca la rehabilitación de Puerto Madero, Chiapas, para convertir ese punto en detonador del desarrollo socioeconómico del sureste.
Inscrito en el plan Puebla-Panamá, el proyecto de la Armada parte de la premisa de que el eje Puerto Madero-Tapachula cuenta con una autopista, un aeropuerto internacional, el ferrocarril --que comunica al Soconusco con Salina Cruz y Coatzacoalcos--, agua, terrenos y energía eléctrica. En este contexto, no queda claro el apoyo de Vicente Fox a los Acuerdos de San Andrés, cuyo aspecto medular radica en la propuesta de reforma al artículo cuarto constitucional, y que prevé un nuevo pacto social que modifique de raíz las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales con los pueblos indígenas.
El proyecto prevé una serie de garantías, como el derecho de los indígenas a su hábitat y al uso y disfrute del territorio conforme al artículo 13.2 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, suscrito por México, y el cual debe ser renovado este año.
La ofensiva de los "bárbaros del norte" sobre la Selva Lacandona bajo la licencia poética de que "el sur también existe" no parece ir muy a tono con el espíritu de San Andrés y las reivindicaciones autonómicas de los zapatistas y los pueblos indígenas del sureste. Al igual que ha ocurrido siempre con la oligarquía y los caciques feudales locales, para el empresariado moderno del norte de México los indígenas chiapanecos también son un estorbo.
Por eso, de imponerse la nueva visión empresarial-gubernamental, sus derechos históricos sobre el control de las tierras, bosques y recursos naturales habrán de ser arrasados ahora ante el único derecho reconocido por el capital transnacional: la libertad del mercado. Lo demás son puros juegos de artificio.