Aburto, Unico tirador contra Colosio: fiscal especial

Elena Gallegos y Juan Manuel Venegas Ť Mario Aburto Martínez fue el único autor material del asesinato de Luis Donaldo Colosio. En el lugar del crimen no hubo pruebas sembradas. No obstante lo anterior, la fiscalía del caso sostuvo que el complot no se descarta y negó rotundamente que pretenda dar ``carpetazo''.

Al informar sobre el avance de las investigaciones, el fiscal especial, Luis Raúl González Pérez, apoyado en casi medio centenar de todo tipo de pruebas y hasta en cálculos físico matemáticos, puso fin a la tesis de Pablo Chapa Bezanilla de los dos tiradores y criticó a éste por dejar el ``peor de los saldos'' en las pesquisas y perder 20 meses en seguir una pista equivocada.

Durante la presentación de las nuevas evidencias del
caso Colosio. Foto: Cristina Rodríguez

También hizo duros cuestionamientos a la falta de rigor con que se condujeron fiscales especiales, ministerios públicos y peritos en las etapas a cargo de Diego Valadés, Miguel Montes, Olga Islas y, por supuesto, del mismo Chapa.

Sostuvo que fue deficiente el trabajo criminalístico que efectuaron y enumeró las contradicciones e inconsistencias en que incurrieron, aunque aclaró que hasta el momento no se ha encontrado que todo ello se hubiese hecho ``con dolo''. Pero la indagatoria continúa.

Para desechar por completo que la ojiva encontrada en Lomas Taurinas haya sido sembrada, como lo defendió la PGR de Antonio Lozano Gracia, el funcionario se basó en una serie de estudios a las maculaciones por pólvora encontradas en la chamarra color ostión (marca Burberry's) que vestía el candidato y la trayectoria que siguió la bala en el segundo disparo (entró en el abdomen en sedal de izquierda a derecha).

La bala que se ``atoró'' en la chamarra

Con los resultados de los mismos pudo determinar que la ojiva se atoró en una rotura del forro de la prenda y cayó en el lago hemático en el momento en que el cuerpo fue levantado para ser trasladado al hospital.

Apoyado incluso en peritajes y experiencias de reconocidos criminalistas de la FBI --según dijo--, González Pérez señaló que las balas ``no tienen palabra'' y se refirió con ironía a las diligencias que realizó el equipo de Chapa, que soportó su hallazgo de la ``prueba sembrada'' en una serie de disparos sobre una piel de cerdo para documentar que el proyectil debía penetrar, por lo menos once centímetros, en el suelo, por lo que resultaba imposible que se hubiese localizado a flor de tierra.

Sin embargo, y al pedir objetividad a la prensa, el fiscal repitió una y otra vez que la tesis del autor material solitario no cancela bajo ninguna circunstancia la hipótesis de que éste haya actuado en conjunción con otras personas.

Esto es, siguen adelante las pesquisas para determinar si hubo complot, quiénes fueron los autores intelectuales del mismo y cuáles fueron los móviles. Para ello están abiertas alrededor de quince líneas de investigación.

El último informe del caso Colosio se dio en dos tiempos. Primero a los legisladores que integran las comisiones de seguimiento de las cámaras de Diputados y Senadores. La sesión de trabajo se llevó más de seis horas.

Por la tarde, González Pérez y su grupo de expertos ofrecieron una detallada explicación a los representantes de los medios --se prolongó más de tres horas y media--, a los que se presentaron videos de asesinatos y suicidios para representar el tiempo en que cae un cuerpo cuando recibe un impacto en la cabeza.

También se exhibieron animaciones, cálculos de ecuaciones diferenciales, estudios sobre las ondas de dispersión energética en la masa encefálica, análisis de microscopía y macroscopia, ruta del arma y de la ojiva, cálculos de pendiente de lugar de los hechos, orientación cardinal, medidas de goteo hemático, entre muchas otras pruebas. Se lanzó el reto lo mismo a legisladores que a informadores: los resultados pueden ser sometidos al estudio de cualquier experto. Eso se dijo.

Participaron en estos trabajos investigadores y peritos de la FBI, Agencia Nacional de la Policía Japonesa, los institutos de Astronomía y Física, la Facultad de Medicina y la Filmoteca de la UNAM, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares --a cuyo director, Miguel José Yacamán, se le hizo en la sesión un especial reconocimiento--, fábrica de Armas Forjas Taurus de Brasil, Secretaría de la Defensa Nacional y Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Las conclusiones a las que llegaron estos echan por tierra todos los resultados de las indagatorias que en el pasado se hicieron en torno a la posición final del cuerpo, los tiempos de su caída y el lapso entre uno y otro disparo. También fueron desechados el polémico giro de 90 grados que en principio se dijo había dado o el posible desplazamiento de Aburto a la parte izquierda.

En esta nueva tesis, la posición de Héctor Hernández Thomasinny (adelante y un poco a la izquierda del candidato) juega un papel fundamental, así como las manchas de sangre de la víctima que quedaron sobre la parte posterior de la camiseta del integrante del grupo Omega:

``Luego de recibir el primer impacto en la cabeza, el cuerpo de Colosio inicia un giro de derecha a izquierda que inmediatamente es detenido por Hernández Thomasinny, que lo proyectó sobre su costado derecho y milímetros antes de caer al suelo recibió el segundo impacto. Por lo tanto no hubo ni un giro de 90 grados del cuerpo ni Aburto cambió de lugar. Este se mantuvo siempre a la derecha de la víctima''.

De acuerdo con estos estudios, era prácticamente imposible que quienes estaban a la izquierda (Jesús Romero Romero, Othón Cortés y Fernando de la Sota) hubieran podido disparar. El tiempo entre los dos tiros y la caída del cuerpo es casi el mismo: alrededor de 2.2 segundos. Cabe destacar que el cañón del arma, al momento del segundo impacto, estaba a sólo cinco centímetros del cuerpo.

González Pérez señaló que en los once meses que lleva al frente de la investigación Colosio se han agregado 31 tomos a la averiguación previa, contenidos en 14 mil 910 fojas; se recabaron 305 nuevos testimonios y 162 ampliaciones; se formularon 110 solicitudes de información a diversas autoridades y se efectuaron 87 dictámenes periciales.

Después de más de tres años de investigaciones la averiguación previa consta de 83 tomos, contenidos en 35 mil 378 fojas; comparecieron ante el Ministerio Público 855 personas y 344 más han ampliado sus declaraciones; la Policía Judicial Federal ha realizado 407 pesquisas; se han solicitado 355 informes a distintas autoridades y formulado, en total, 255 dictámenes periciales.

Sin embargo, aún no se han despejado todas las incógnitas.

El fiscal anunció que en fecha próxima se dará a conocer el informe de la línea de investigación que se abrió en torno a la posible participación del ex agente del Cisen, Jorge Antonio Sánchez Ortega. Señaló que hay un importante avance en este asunto.

Los errores del pasado

En el informe se desmenuzan los errores del pasado: en los cuatro días que la investigación estuvo a cargo de Diego Valadés hubo confusión, las pesquisas no se sujetaron a los principios básicos de la criminalística, no hubo hilo conductor, no se preservó el lugar de los hechos, los peritos no tenían ni brújula ni cintas métricas cuando realizaron la reconstrucción y se perdieron importantes indicios.

Pese a ello, se pudo consignar al autor material del homicidio y quedó apuntada la tesis de que éste pudo haber contado con la complicidad de otros. Estas fueron algunas de las importantes aportaciones de Valadés.

También sobre Montes se ofrecen las dos caras de la moneda: apoya su tesis del giro de los 90 grados (que en realidad parece de 360 en las gráficas que ofrece), en un inconsistente e inviable peritaje. Deja a sus sucesores, en cambio, los mejores estudios que se han efectuado sobre la personalidad de Aburto.

En cuanto a la doctora Olga Islas, precisa que no cuestiona ni somete a análisis crítico los dictámenes periciales realizados por sus antecesores, aunque amplía el espectro de la pesquisa dando entrada a diversas inquietudes que públicamente se venían ventilando.

El más grave error histórico y el peor legado corresponde a la gestión de Pablo Chapa Bezanilla, según el informe. Sus teorías no tienen sustento científico ni criminalístico. A pesar de ello se le reconoció el inicio de la investigación del entorno político.

Finalmente el fiscal pidió que no se evaluaran las pruebas ofrecidas aisladamente, sino el conjunto de las mismas; cuestionó las declaraciones hechas unas horas antes por los legisladores de quienes dijo se dejan llevar por prejuicios e ideologías, y ofreció ahondar y agotar todas las líneas de investigación que puedan llevar a los autores intelectuales: ``el país tiene derecho a saber la verdad, cualquiera que ésta sea''.

Elena Gallegos y Juan Manuel Venegas Ť El cuento de nunca acabar que ha resultado ser la investigación del caso Colosio, tiene desde ayer un nuevo episodio: el retorno al asesino material único.

Esta hipótesis fue la que sostuvo, al dejar el cargo en los primeros días de julio de 1994, el primer fiscal especial, Miguel Montes García. La diferencia estriba en que Montes daba por descartada, con los elementos que decía poseer, la autoría intelectual de terceros.

Es así como en tres años, cuatro meses y un día se han ofrecido a la opinión pública un sinnúmero de versiones, que van desde el asesino solitario hasta la acción concertada, y se ha hecho desfilar ante sus ojos como sospechosos a los más disímbolos personajes: políticos del más alto nivel, agentes de inteligencia, ex policías y oficiales del Ejército.

Sin embargo, nada se ha probado y lo único que a ciencia cierta se sabe es que Mario Aburto Martínez propinó a Colosio el tiro que le quitó la vida, con un revólver Taurus, modelo 80.

Una errada investigación inicial en la que ni siquiera se preservó el lugar del crimen y ``la manipulación'' del mismo --según lo declaró en su momento a este diario Diego Valadés-- hicieron casi imposible la reconstrucción de lo que realmente ocurrió, y dejaron el terreno abonado para que la inventiva diera visos de realidad a las más disparatadas hipótesis.

Con lo anterior sólo se consiguió que la sociedad observara cada día con mayor incredulidad los resultados de las pesquisas de las autoridades: a eso se enfrentan Luis Raúl González Pérez, su grupo de expertos y su cúmulo de pruebas.

Por eso hoy nuevamente la truculenta historia que comenzó en Lomas Taurinas, un barrio proletario de Tijuana, la tarde del 23 de marzo de 1994, da un inesperado giro y echa por los suelos la tesis del tercer fiscal, Pablo Chapa Bezanilla, quien se encuentra en una prisión de alta seguridad en España, donde huyó al descubrírsele graves anomalías en la conducción del caso Ruiz Massieu. Ahora está sujeto a juicio de extradición.

Chapa descubrió que no había sido uno sino dos los hombres que dispararon sobre el cuerpo del candidato del PRI a la Presidencia de la República, y que en el proceso contra Aburto se presentaron pruebas sembradas, concretamente la bala que se localizó a flor de tierra en el sitio del suceso.

En orden de aparición, las versiones oficiales de los hechos son las siguientes: la madrugada del 24 de marzo el entonces procurador general de la República, Diego Valadés, informó a los medios de comunicación que el único autor material había sido Mario Aburto Martínez, joven miembro de una familia de campesinos migrantes de Michoacán, cuya personalidad es, por decir lo menos, desconcertante.

La condena de Aburto

Aburto, detenido en el lugar del crimen, purga una condena de 44 años de prisión. El día que mató a Colosio confesó su culpabilidad y desde esa fecha ha narrado los más fantasiosos y encontrados hechos para explicar su participación.

En seguida, y ya con Miguel Montes al frente de las investigaciones, se dijo a la opinión pública --en abril de ese mismo año-- que el homicidio había sido producto de una complicada acción concertada en la que habían intervenido viejos policías y madrinas reclutados en el llamado grupo Tucán (Todos Unidos contra Acción Nacional).

Se aprehendió entonces a Vicente y Rodolfo Mayoral (padre e hijo) y se sumó a la trama a Tranquilino Sánchez Venegas, quien ya estaba en la cárcel porque en unas fotografías publicadas en The San Diego Union aparecía en actitud sospechosa.

Estos tres personajes fueron apoyados, según esa primera conclusión de Montes, por El Lentes, que resultó ser Héctor Javier Hernández Thomasinni, del equipo de ``orden y vallas'' del candidato y El Clavadista, Mario Alberto Carrillo Cuevas. Nada se pudo comprobar y todos ellos están libres.

Tres meses después, el 14 de julio, Montes se retractó de su apreciación original y afirmó que Aburto era el único asesino. Apoyado en un perfil sicológico, argumentó que aquél era el típico caso de magnicida.

Lo definió: ``Los magnicidas son hombres jóvenes, actúan solos, cometen el delito en público y aceptan haberlo ejecutado, no se resisten a la aprehensión, meditan casi siempre solos la preparación y realización de su acto, no queriendo participar del honor y el mérito con ninguna persona y, como se observa estadísticamente, por lo general se valen de un arma de fuego. Sabemos que (Aburto) estuvo preparando su proyecto por lo menos ocho años, identificó como su enemigo al PRI y lo personalizó en su candidato''.

También pasó por la fiscalía especial Olga Islas. Ella reforzó la hipótesis de Montes y dejó abiertas 14 líneas de investigación, que incluían la posible participación de Jorge Antonio Sánchez Ortega, miembro del Cisen, y a quien se le encontraron manchas de sangre del candidato y le resultó positiva la prueba de radizonato de sodio, además con un enorme parecido a Aburto, y la actuación de los miembros del grupo Omega, encabezados por Fernando de la Sota Rodalléguez, ex integrante de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad, ex policía judicial y ex agente de inteligencia (estuvo metido en asuntos de contraespionaje).

Con la nueva administración fue designado en la Procuraduría General de la República el panista Antonio Lozano Gracia, en un ensayo de cogobierno que, a la postre, finalizó enmedio de la vorágine del escándalo desatado por videntes y calaveras, estas sí sembradas, que acabaron de enredar las investigaciones del asesinato del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, perpetrado apenas seis meses después de los sucesos de Lomas Taurinas.

Lozano designó a Pablo Chapa Bezanilla para hacerse cargo de este asunto. El 24 de febrero de 1995 el nuevo fiscal dio una versión completamente opuesta a la sostenida por Montes e Islas. Aburto no había sido el único tirador. Otro hombre --se acusó y detuvo a Othón Cortés Vázquez-- había disparado la bala que, en sedal, hirió el abdomen del candidato. No se documentó la nueva historia y Othón fue absuelto.

Amante de los reflectores y de golpes estridentes, Chapa Bezanilla llevó los sucesos a la cúspide misma del poder y su oferta la ubicó, precisamente, en lo que la gente quería escuchar. El crimen podía haber sido maquinado en Los Pinos, esparció.

En la teoría de Chapa, filtrada insistentemente a los medios, en el círculo del complot podía estar implicado el ex presidente Carlos Salinas de Gortari. Se deslizó que en la conjura supuestamente estaban además su poderoso jefe de la Oficina de la Presidencia, José Córdoba Montoya, y el general Domiro Roberto García Reyes, quien fungía como jefe de la seguridad personal de Luis Donaldo Colosio.

Estas filtraciones fueron alimentadas por hombres muy cercanos al candidato, quienes proporcionaron documentos y anécdotas. Entre los primeros, la famosa carta que envió a Colosio su coordinador de campaña, Ernesto Zedillo, proponiéndole un acercamiento con el presidente Salinas.

García Reyes fue objeto, de acuerdo con sus propias palabras, de un verdadero acoso por parte de Chapa y sus judiciales. En esa tesitura fue arraigado en su domicilio el mayor Héctor Eustolio Morán, poseedor de una empresa que vendía servicios de seguridad y compadre del general.

Al final, y otra vez por falta de pruebas contundentes, ambos fueron exculpados y el Ejército brindó todo su apoyo al general y lo envió como comandante de zona a Valladolid, Yucatán, donde reside actualmente.

Los contradictorios testimonios, aunados a informes oficiales que no terminaban de aclarar nada, estimularon la inventiva popular y la obsesión de los medios de comunicación por dar las más espectaculares e inéditas versiones del crimen. Se multiplicaron las hipótesis:

En escena, El Guamúchil

No había uno sino varios Aburto; no era una sino dos pistolas; Aburto no era en realidad Aburto; el verdadero asesino, El Guamúchil, había sido a su vez acribillado en un taller mecánico el 23 de marzo al anochecer (unos días más tarde, El Guamúchil apareció vivito y coleando), y el segundo disparo estaba dirigido, en realidad, al asesino. Tampoco se probó nada.

Desde el comienzo de todo, en lo único que no caben dudas es en que las investigaciones, intencionadamente o no, han estado plagadas de errores y omisiones. Los fiscales en turno acusan a sus antecesores de no haber agotado todas las técnicas criminalísticas y de no haber actuado con el rigor que el caso amerita.

Hoy, este cuento de nunca acabar, que ha mantenido en vilo a la opinión pública, tiene un nuevo episodio: el regreso al principio, aunque esta vez se insiste en que la autoría material única no cancela la autoría intelectual de una o varias personas.